Loyola De Palacio afirma que Boliden es una empresa "golfa, muy sueca, pero muy guarra"

La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio, se despachó ayer a gusto contra la multinacional Boliden, propietaria de la empresa a la que el Gobierno acaba de imponer una multa de 45 millones de euros por el vertido tóxico que anegó el entorno de Doñana en 1998. 'Es una frescura que pretenda hacer fuera las cochinadas que no le dejan hacer en su casa', afirmó De Palacio, quien tampoco tuvo empacho en opinar sobre el conflicto judicial entre Boliden y Dragados: 'Es un escándalo que Boliden diga ahora que la culpa es de la constructora'. La comisaria remató sus declaraciones afirmando que Boliden era una firma 'golfa', 'muy sueca ella, pero muy guarra'.

La comisaria europea de Energía y Transportes, en declaraciones al programa Media hora a la carta, de la COPE, no dudó en respaldar la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de sancionar a Boliden Apirsa, filial de la multinacional sueca, por los daños tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar. 'El ministro [Jaume Matas] ha dicho que el Estado español va a tomar todas las medidas necesarias para que Boliden responda, y eso tiene que ser así', indicó De Palacio, quien dedicó un rosario de adjetivos a la compañía.

'Esa empresa es una golfa que es conocida mundialmente por hacer todo tipo de porquerías y atentar contra el medio ambiente; muy sueca ella, pero muy guarra también, porque no sólo es en España donde ha tenido problemas medioambientales gordos, también los ha tenido en India y en otros sitios', dijo De Palacio, quien se apresuró a apuntar que Suecia es un país con una importante tradición conservacionista.

La multinacional evitó replicar a las críticas y se reafirmó en la postura que ha mantenido desde que el Gobierno español anunciara la multa. 'Boliden está exenta de toda responsabilidad', reiteró a Europa Press el portavoz de la compañía, Ulf Söderström, en alusión al archivo de la causa penal que confirmó la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2001. Los jueces se apoyaron en el informe pericial, que detectó errores en el proyecto de construcción de la balsa, pero consideró que los cálculos siguieron la 'práctica habitual', para concluir que no hubo negligencia, ni, por tanto, delito.

Boliden, que ha anunciado que no pagará la multa, se agarra a ese informe para responsabilizar del vertido a las filiales de Dragados que se encargaron de los proyectos de construcción (1978) y recrecimiento (1996) de la balsa. Éste es el argumento en el que se basa la multinacional para hacer frente a la demanda por daños y perjuicios que se le viene encima: la Junta de Andalucía le reclamará la devolución de, al menos, 86 millones de euros que se gastó en limpiar y restaurar la zona contaminada. Y Boliden pretende, si los jueces dan la razón a la Junta, pasarle esa factura a Dragados.

La constructora española, por su parte, esgrime que el vertido tóxico inundó 4.000 hectáreas porque Boliden llenó de agua ácida una balsa en la que los residuos metálicos sólo debían estar cubiertos por una lámina acuosa. La vicepresidenta de la Comisión Europea se apuntó ayer a esta teoría. 'Yo en su momento seguí ese asunto: surgió de las porquerías que hacían y de que no utilizaban correctamente esa balsa y dejaban el agua contaminada en ella en vez de depurarla y quitar los metales pesados'.

Sorpresa ecologista

El marcaje de Loyola de Palacio a Boliden viene, efectivamente, de lejos. En 1996, cuando era portavoz adjunta del PP en el Congreso, se hizo eco de las denuncias de un ingeniero que alertó de filtraciones en el dique de la balsa minera. 'Boliden utiliza aquí técnicas que desde luego no hubiera empleado nunca en Suecia', dijo entonces, y acusó a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Obras Públicas (ambos en manos socialistas ese año) de falta de control. En 1998, cuatro días después del desastre ecológico, De Palacio, que era ministra de Agricultura, se escudó en una 'cuestión de competencias' para explicar por qué el Gobierno no había redoblado esos controles cuando el PP llegó al poder.

El director de campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, aprovechó las declaraciones de la vicepresidenta europea para exigir a las autoridades comunitarias que respalden el cobro de la multa a Boliden y recordó que Bruselas aprobó ayudas a la compañía cuando ya había ocasionado problemas medioambientales en Chile. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, aplaudió a De Palacio, pero también le reclamó la aplicación estricta de la normativa a Boliden, 'que se ha ido de rositas'.