Las tres haciendas forales ingresan desde julio la nueva tasa de carburantes

Las tres diputaciones forales empezaron el pasado mes de julio a ingresar por parte de las gasolineras del País Vasco la nueva tasa de carburantes implantada este año por el Gobierno central. Las tres haciendas recaudarán los 2,4 céntimos de euro de incremento por litro de combustible, pero no aplicarán el tramo adicional que es potestad de cada autonomía, que supondría el cobro de otro céntimo más.

Las tres diputaciones forales ingresarán este año, según sus cálculos, más de 42 millones de euros (cerca de 7.000 millones de pesetas) por esta nueva tasa, que supuso otro aumento en los precios de los carburantes el pasado 1 de enero.

El llamado Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos permite, además del gravamen de 2,4 céntimos, la opción de cada comunidad autónoma de cobrar otro céntimo adicional a partir del segundo semestre del año con el fin de financiar la sanidad o el medio ambiente.

La tasa perseguía fundamentalmente aportar una inyección a la mayoría de las autonomías en la transferencia de la sanidad, que ya es competencia de la autoridades vascas desde la década de los 80.

En Euskadi no se aplicará este segundo tramo al menos este año, según han confirmado los responsables de las haciendas forales. Además, dada la premura en su implantación, se ha decidido cobrar no de manera trimestral, sino semestralmente, con lo que el pasado julio 'hemos comenzado a tener los primeros ingresos', señala el diputado alavés de Hacienda Juan Antonio Zárate.

Pero la implantación de este tributo no ha estado exenta de dificultades. Las Juntas Generales de Vizcaya y Álava han aprobado en el último mes, con los votos de nacionalistas y PP y el rechazo de los socialistas, las normas forales necesarias para dar cobertura legal al nuevo impuesto.

En Vizcaya, se tuvo que esperar a finales de junio. El retraso se debió al bloqueo del PP, que votó en contra en febrero pasado por la urgencia del equipo de gobierno, formado por PNV y EA, en 'meter ese dinero en el bolsillo del Gobierno vasco' y defendió esperar a que la norma se aprobase cuando se discutiera la Ley de Aportaciones en el Órgano de Coordinación Tributaria, el foro en el que las tres diputaciones y el Gobierno vasco ponen en común y pactan medidas fiscales en desarrollo del Concierto Económico.

La polémica se trasladó poco después a Álava, donde el PNV se vengó de lo ocurrido en Vizcaya y votó en contra de la norma. Dada la situación de minoría política, que se repite en las tres diputaciones vascas, el equipo de gobierno del PP y Unidad Alavesa tuvo que aplazar la aprobación de la normativa y no pudo ratificarla hasta el pasado 8 de julio, con los votos favorables de PP, UA y PNV y el rechazo de los socialistas.

Guipúzcoa ha sido el único territorio en el que no ha habido problemas y la norma que da cobertura a la tasa está aprobada desde marzo también con el apoyo de nacionalistas y populares y la abstención de los socialistas.

Sin fin específico

En Euskadi, la recaudación de este tributo no tendrá un fin específico, pese a que en un principio se hablaba de destinarla al medio ambiente. El Órgano de Coordinación Tributaria acordó ingresarlo en el fondo común y cada diputación lo utilizará según sus necesidades. 'Va a entrar dentro del sistema y a la hora de distribuirlo será un recurso más', explica el diputado alavés de Hacienda.

En Navarra, mientras, sus ciudadanos pagan el nuevo impuesto desde el 1 de enero, pero el cobro carece aún de cobertura jurídica alguna.

Así lo puso de manifiesto el Consejo de Navarra en un dictamen elaborado a instancias de IU en que los expertos de ese órgano consultivo concluyeron asegurando taxativamente que el nuevo gravamen 'no rige en Navarra' y que 'la neutralidad y la unidad de mercado no exigen ineludiblemente la extensión a Navarra del impuesto'.

El Gobierno de UPN vio derrotado en marzo su intento de dar cobertura jurídica transitoria al cobro. Lo intentó mediante una enmienda a un proyecto de ley de medidas tributarias que planteaba aplicar la legislación estatal en tanto en cuanto el Parlamento foral no regulase mediante una ley propia su aplicación. El pleno del Parlamento foral rechazó el intento. Comisiones técnicas de Navarra y el Estado negocian desde hace varios meses los puntos de conexión de la tasa para regular su cobro dentro de la actualización del Convenio Económico.

La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Navarra reconoció que cobraba el impuesto, pero explicó que lo hacía por imperativo de la Agencia Tributaria del Estado, que se lo exigió por escrito. Los empresarios se mostraron dispuestos a no cobrar la tasa si el Gobierno regionalista o la Agencia Tributaria del Estado se lo solicitaban expresamente, petición que no se formuló.