Turismo en baja

Pese a que ni al Gobierno ni al sector turístico le gusta la palabra crisis, lo cierto es que el turismo está atravesando un preocupante verano, y sin expectativas de que vaya a mejorar. Algunas zonas costeras, y muy especialmente los archipiélagos de Canarias y Baleares, registran fuertes descensos en la ocupación hotelera, que los empresarios tratan de atajar con grandes descuentos en las tarifas. En consecuencia, tal y como reconocen, cerrarán la temporada con menos caja y una merma en los ingresos que sitúan, según los casos, entre el 5% y el 15%. La caída de los mercados alemán y británico, los primeros emisores de turistas hacia España, ha puesto de manifiesto uno de los principales problemas del sector: su excesiva dependencia de los tour operadores europeos. Y, al tiempo, ha descubierto el riesgo de morir de éxito.

El buen clima, no sólo meteorológico, sino también económico, la inseguridad de viajar hacia ciertos países mediterráneos y la guerra de los Balcanes, habían hecho de España en los últimos años un verdadero refugio para los europeos. Y, sin apenas actuaciones reseñables para un desarrollo sostenido de un sector que supone el 12% del PIB español y más del 10% del empleo, se empezaron a marcar récords de visitantes, ingresos y precios. Pero también se empezaron a notar las carencias de servicios (agua, medio ambiente, infraestructuras, formación del personal...) y la voracidad compartida por ayuntamientos e inmobiliarias para desarrollar en algunas zonas complejos de clara rentabilidad inmediata y dudosa conveniencia a medio plazo para un turismo de calidad.

Salvo el encomiable esfuerzo de algunas cadenas españolas, pioneras en internacionalización y modernización de sus instalaciones, y de los intentos de alguna comunidad, como la balear, por frenar la especulación urbanística y cuidar el medio ambiente, poco parece hacerse a nivel institucional por el turismo en España, cuyos ingresos, por cierto, muchas veces compensan el déficit comercial. En materia turística, la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas es de descoordinación evidente, cuando no de claro enfrentamiento.

Pero tampoco parece haber sintonía entre los Gobiernos autónomos y los hoteleros, ni entre éstos y los demás agentes del sector. Cada cual parece ir a su aire. Un ejemplo de todo ello ha sido el establecimiento de la ecotasa en las islas Baleares, en concepto de mínima contribución de los usuarios al sostenimiento del medio ambiente, que ha merecido la crítica del Gobierno central y la oposición cerrada del sector de la hostelería. Sólo la mitad de los hoteles españoles pertenece a alguna cadena -algo imprescindible para la imagen de marca y la estandarización de la calidad- y apenas existen alianzas consolidadas entre mayoristas, agencias de viajes, transportistas, empresas receptoras, hoteleros y el resto de los servicios.

España ha perdido en gran parte la ventaja competitiva del precio, ya que la media por habitación se va acercando a la del resto de Europa. Sólo puede aprovechar su inmenso potencial apostando por la calidad integral. Desde la asistencia sanitaria, hasta la seguridad ciudadana, la limpieza o la contaminación acústica. Desgraciadamente, no parecen darse los pasos suficientes. Cuando la crisis se deja ver, las playas se llenan a base de rebajas. Falta una política turística más decidida, que estimule la inversión en desarrollo hotelero, en infraestructuras y servicios y, al mismo tiempo, que se preocupe de coordinar las iniciativas de las comunidades autónomas y las empresas. Y falta, sobre todo, una decidida opción por un modelo de turismo sostenible que posibilite la supremacía de los intereses generales -planes de ordenación y gestión del territorio, ambiental y urbano, y cumplimiento de las normas que los regulan- sobre los particulares a corto plazo. De no actuar a tiempo, el interés momentáneo de los turistas alemanes e ingleses por los encantos de Croacia y Bulgaria podría convertirse en permanente.