Trabajo obliga a UGT a dar de alta a todos sus abogados

La Inspección de Trabajo ha obligado al sindicato UGT-PV a dar de alta en la Seguridad Social a los 30 abogados de sus gabinetes jurídicos de Valencia, Alicante y Castellón, que mantenía sin contrato desde hace años. La situación laboral irregular de los letrados del sindicato fue descubierta por la Inspección de Trabajo el pasado junio, por lo que expedientó al sindicato e inscribió de oficio a esos trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social.

Una veintena de estos abogados afectados presta sus servicios al sindicato en la ciudad de Valencia y, el resto, en Alicante y Castellón. La resolución de la Inspección de Trabajo ha llevado a la dirección de UGT-PV a la redacción de los borradores de los contratos que los letrados podrían rubricar los primeros días de agosto, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso. Los contratos que UGT ofrece a estos profesionales de la abogacía son de carácter indefinido. El acatamiento de UGT del acuerdo de la Inspección pondrá fin a un episodio de irregularidades del sindicato ante la Seguridad Social.

La investigación de la Inspección comenzó con una visita de los funcionarios al despacho jurídico de UGT en Valencia a principios de junio. Los inspectores levantaron un acta por infracción por supuesto fraude a la Seguridad Social al comprobar que los letrados no estaban dados de alta. En aquella ocasión, al recabar la versión de UGT, un portavoz del sindicato apuntó que no disponía de notificación alguna al respecto. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión de UGT sobre la resolución final de la Inspección.

Las pesquisas de los inspectores descubrieron también que el sindicato repetía las irregularidades de Valencia con sus letrados del resto de la Comunidad. Por ello, les ha incluido a todos en el mismo grupo con el fin de que sean dados de alta ahora como empleados de la citada organización en el régimen general de la Seguridad Social.

En las reuniones mantenidas entre representantes de UGT con estos abogados para avanzar en la citada regularización ha aflorado cierto malestar entre estos trabajadores, ya que el sindicato se resiste a reconocerles su antigüedad laboral. Algunos de ellos trabajan para el sindicato desde hace más de cinco años.

El expediente de la Inspección de Trabajo también reclamaba a UGT el pago de los seguros sociales, es decir, las cotizaciones, de este grupo de trabajadores correspondientes a las últimas cuatro anualidades. Tabajo impuso, además, a la organización sindical el pago de un recargo y una multa. Hacer frente a ese conjunto de obligaciones económicas supondrá para el sindicato un desembolso de aproximadamente 670.000 euros.

De no mediar la actuación de la Inspección de Trabajo para legalizar la situación laboral de los abogados, éstos habrían perdido su derecho a la pensión por jubilación. Tampoco estarían protegidos en el caso de desempleo.