Siete orujeros piden el pago de daños por la alerta 'ilegal' de Sanidad

Siete productores andaluces de aceite de orujo de Sevilla, Jaén y Córdoba han presentado reclamaciones millonarias al Ministerio de Sanidad por los perjuicios causados por la alerta alimentaria de este producto decretada en julio de 2001, que a su juicio creó una 'alarma social innecesaria' y se tomó 'sin cobertura legal'.

Los productores piden indemnizaciones de entre 972.644 y 270.455 euros porque consideran 'inequívoca la relación entre el mal funcionamiento de un servicio público', en este caso Sanidad y Consumo, y la pérdida de mercado y devolución de pedidos que sufrieron.

Los abogados recuerdan que el 3 de julio de 2001 el Ministerio decretó una alerta alimentaria con relación al aceite de orujo de oliva que comportó la 'inmovilización cautelar de todas las cantidades que se encontraban tanto en el mercado nacional como exterior'. La 'falta de fundamento' de la medida causó una 'auténtica alarma social sobre un producto que reunía todos los requisitos exigidos tanto por la normativa nacional como comunitaria', según los productores, que afirman que la entonces ministra Celia Villalobos 'en ningún momento contó con el apoyo de las autoridades de la UE'.

Además, asegura que la inmovilización 'carecía de cobertura legal', pues no fue hasta 23 días mas tarde, el 26 de julio de 2001, cuando se publicaron en el BOE los límites tolerables de hidrocarburos aromáticos en los aceites de orujo.

Según la demanda, la alerta se decretó tras hallar hidrocarburos de tipo alfa-benzopireno 'en algunas muestras de aceite de orujo', pero añade: 'Desconocemos el número de muestras tomadas y cuales dieron resultados incorrectos como para generalizar y tomar una medida tan extraordinaria'. Cada uno de los demandantes ha presentado auditorías con el coste que les supuso la decisión.

Según el reglamento de reclamación patrimonial, el Consejo de Estado debe emitir ahora un dictamen en el plazo de seis meses, y en caso de que la demanda sea desestimada los productores acudirán a los tribunales.