Calidad sin garantías

Pocos han puesto en duda la necesidad de introducir reformas en la educación secundaria debido a los cambios sobrevenidos en la sociedad tras la aprobación de la LOGSE, en 1990, y al elevado índice de fracaso que revelan todos los informes. El proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobado ayer por el Gobierno, pretende corregir algunas deficiencias del actual sistema, pero el grado de contestación que han encontrado en la comunidad escolar determinados artículos no es el mejor augurio para su futura implantación. Habría sido necesaria una mayor participación de la sociedad en un debate que afecta a todos.

La aprobación de este proyecto de ley por el Consejo de Ministros sin fijar una financiación específica demuestra que el Gobierno de Aznar no está promoviendo un verdadero avance de la educación española, para lo que sería imprescindible realizar una clara apuesta económica con el fin de acercar la inversión en esta materia a la media de la UE. Las reformas anunciadas sin fondos concretos tienen incierto porvenir.

Los cambios más notables del proyecto de ley respecto de la situación actual, y los que han levantado mayores críticas, tienen que ver con los itinerarios educativos. Esta medida contribuye a la segregación de alumnos desde una edad muy temprana, incluso desde primero de ESO (12 años), en la confusa redacción de este punto. Puede introducir elementos de discriminación social en un mismo centro y entre centros. Especialmente grave podría ser la especialización de algunos centros públicos en los itinerarios menos prestigiosos respecto de los concertados o los públicos situados en zonas prósperas.

Otra de las reformas de fondo es la introducción de un examen de reválida y la supresión generalizada de la selectividad. Muy pocos niegan la necesidad de una prueba general en secundaria, que homologue conocimientos y contrarreste la tendencia de ciertos centros a inflar las calificaciones de sus alumnos, pero con la solución escogida ni se elimina la selectividad, que ahora pasa a ser potestativa de cada universidad, ni quedan claros los procedimientos para acceder a un centro universitario.

Por último, otro de los cambios más criticables es la variación en el estatuto de la asignatura de Religión. En lugar de hacer evolucionar nuestro sistema educativo hacia un modelo propio de un Estado aconfesional, se eleva el rango de la enseñanza de religión al de materia 'evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media'. De esta forma, el Gobierno de Aznar da satisfacción a una demanda de la jerarquía católica a cambio de reabrir en la sociedad un debate que parecía superado.