Sanidad pública

Recientemente he tenido la necesidad de recurrir a los servicios de la sanidad pública, gestionados por la Junta de Andalucía. El paso por la consulta de Cardiología del ambulatorio de Dos Hermanas, las consultas externas del hospital del Tomillar, el servicio de Cardiología y la UCI del hospital de Valme, el servicio de Medicina Nuclear del hospital Virgen del Rocío y el servicio de Hemodinámica del hospital Virgen Macarena, además de otros servicios complementarios como una UVI móvil, análisis clínicos o farmacia, han sido mi primer contacto serio con la sanidad pública.

El despliegue de tecnologías, la cualificación de los profesionales y las atenciones recibidas, para quitarse el sombrero. Algunos fallos en temas menores (traslados no asistidos, falta de coordinación interna) no pueden empañar el balance final. Muchas gracias a todos, sin distinción de categorías profesionales. Y todo ello, bajo los principios más absolutos de la solidaridad y la equidad. A cada uno, el tratamiento requerido según sus necesidades sin establecer diferencias por su nivel económico, social o procedencia.

Me pregunto si esto sería posible en un entorno de sanidad privada. La respuesta me ofrece muchas dudas. Y, en caso de ser posible, ¿quién podría pagarlo?. Sólo unos pocos. Por ello resultan preocupantes algunos síntomas que venimos percibiendo. El último, que la recientemente nombrada ministra de Sanidad no haya ofrecido todavía una respuesta pública sobre si, como funcionaria, ha optado para su propia asistencia por la sanidad pública o por la sanidad privada. Lo podía haber hecho con sólo echar mano a su bolso y mostrar la tarjeta sanitaria que posee. Pero no ha querido. ¿Podrá garantizar una buena sanidad pública quien parece no creer en ella?