La Fiscalía pide nueve años de cárcel para un ex líder jornalero por un fraude en ayudas al aceite

Las investigaciones que comenzó la Agencia del Aceite de Oliva hace seis años para detectar fraudes en el cobro de ayudas europeas comienzan a llegar a los tribunales. Tras una prolija instrucción en un juzgado de Estepa (Sevilla), la Fiscalía de Sevilla ha pedido la apertura de juicio oral al estimar que ocho personas estuvieron involucradas en un supuesto fraude para embolsarse casi dos millones de euros (325 millones de pesetas) entre 1992 y 1995. La mayor acusación se centra en Juan Antonio Romero Sánchez, ex alcalde de Badolatosa (Sevilla) y antiguo líder jornalero, para el que la fiscal pide nueve años de cárcel.

Las investigaciones de la Agencia del Aceite de Oliva, un organismo estatal, arrancaron tras las primeras irregularidades detectadas por la Consejería de Agricultura en torno a una almazara de Guadix (Granada). A partir de ahí, los inspectores analizaron las cuentas de casi 30 almazaras sospechosas en cinco provincias andaluzas, una documentación que el fiscal general del Estado derivó en 1999 al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que encomendó la instrucción a varios juzgados.

Desde entonces, con la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, bajo el paraguas de la Operación Oliva, ha llevado a cabo 75 detenciones en las distintas líneas de investigación abiertas que, en abril, acumulaban a fraudes por un valor superior a los 15 millones de euros.

Una de esas líneas de investigación se centra desde hace casi dos años en la decena de empresas que creó y utilizó Juan Antonio Romero Sánchez, conocido en la sierra sur de Sevilla como Comandante Romero por dirigir la protesta jornalera contra la reforma agraria que intentó la Junta en la primera mitad de los ochenta. El escrito de la fiscal explica que Romero 'ideó la creación de sociedades civiles y mercantiles con el exclusivo fin de obtener subvenciones a través de supuestas explotaciones agrarias'. El resto del escrito se dedica a detallar los múltiples artificios que, supuestamente, utilizó el acusado con la complicidad de otras siete personas para falsear producciones y recibir ayudas durante tres años.

Las irregularidades investigadas comienzan en la campaña 1992-1993, en la que creó tres sociedades (Kwanzas, El Tempranillo y Petaj Tikva) a las que asignó la explotación de varias parcelas de olivar en su pueblo, Badolatosa, y en localidades cordobesas como Lucena o Puente Genil. Las inspecciones posteriores demuestran, según la Fiscalía, que las producciones declaradas fueron 'falseadas' o 'inventadas'.

Carreteras y basureros

Según los datos de la Agencia que se incluyen en el escrito de la fiscal, Romero asignó producciones a parcelas que 'carecían de olivares al ser carreteras de titularidad del MOPU'. También declaró como producciones propias las de parcelas que eran explotadas por otras personas o ni tan siquiera recogieron la cosecha por tratarse de 'olivares decrépitos'.

La fiscal sostiene que para conseguir las subvenciones, Romero Sánchez debió contar con la complicidad de Antonio Muñoz y Juan Muriel, propietarios de sendas almazaras, que supuestamente falsearon los certificados de molturación de la aceituna. En esa primera campaña, el antiguo líder jornalero cobró 240.000 euros en ayudas.

Romero Sánchez utilizó nuevas empresas en las campañas 1993-94 y 1995-96, en las que habría recibido de manera fraudulenta 710.00 euros y un millón de euros. Para ello, según la fiscal, volvió a contar con la complicidad de Muñoz y Muriel, para los que pide siete y cuatro años de cárcel, respectivamente. En las diversas declaraciones presentadas en estas dos campañas hay implicadas otras cinco personas como socios o dueños de almazara, para las que la fiscal también piden penas menores de cárcel y multas. En estas declaraciones se multiplican por diez las cosechas habituales en la zona y se hace pasar basureros, parajes naturales y tierras baldías por olivares en explotación. Todo con el mismo objetivo: hinchar los certificados para justificar el cobro de subvenciones.