Interior ha dejado en Las Palmas a 1.300 'sin papeles' que no pudo devolver a su país

Las pateras llevaron a Lanzarote y Fuerteventura a 2.691 inmigrantes africanos entre enero y mayo. Sólo 1.387 han sido devueltos a sus países hasta el 20 de junio último. Los 1.304 restantes fueron trasladados en barco a Las Palmas y liberados en el parque de Santa Catalina siguiendo instrucciones de la Secretaría de Estado para la Inmigración ante la imposibilidad de expulsarlos tras pasar 40 días retenidos en la terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Unos 250 siguen aún en la ciudad viviendo de la caridad y provocando una creciente protesta vecinal. El resto ha volado a Madrid.

La continua presencia desde hace 15 meses en el parque de Santa Catalina de una media de cien inmigrantes subsaharianos irregulares (con picos de hasta 300) ha provocado una tormenta política en Canarias y un creciente malestar vecinal. Los datos oficiales indican que entre enero y mayo de este año han sido detenidos en Fuerteventura y Lanzarote un total 2.691 africanos sin papeles. Todos fueron encerrados sin remisión en los centros de retención de extranjeros habilitados en la vieja aeroterminal de Fuerteventura (abierto provisionalmente en 1999) y en el cuartel del Matorral, recién inaugurado.

Más de la mitad de ellos, 1.387, eran magrebíes o de países subsaharianos con los que España tiene acuerdos de expulsión, como Nigeria. En unos días estaban de vuelta a casa. El resto procedía de países como Congo, Gambia, Mali o Sierra Leona, que no admiten las repatriaciones porque no tienen acuerdos firmados o, peor, porque carecen de una administración capaz de conocer a sus conciudadanos.

Centro de acogida

Los que no pudieron ser devueltos fueron retenidos durante 40 días en Fuerteventura. Pero una vez transcurrido ese plazo legal sin poder documentarlos ni echarlos, fueron liberados. Para que no se quedaran en la isla, de 66.000 habitantes, y no provocaran eventuales problemas estéticos en el turismo, la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración dio instrucciones para que fueran enviados a Las Palmas de Gran Canaria (casi 365.000 habitantes). Allí está el único centro de acogida de extranjeros de las islas: Mier Bajo, con 154 plazas.

Los inmigrantes eran llevados en barco a Las Palmas, donde una vez desembarcados se les sugería que se ubicasen en la zona de Santa Catalina. La capacidad del centro Mier Bajo, dependiente del Gobierno canario, fue rebasada rápidamente, ya que hasta el 20 de junio habían sido trasladados a Las Palmas 1.304 sin papeles, que empezaron a vivir en la calle. Los hombres se alimentaban de la caridad; las mujeres, de la prostitución. 'Es una grave irresponsabilidad del Gobierno central, porque ha ido dejando a estas personas a su suerte en la calle, sin papeles, sin poder trabajar y sin darles una alternativa', indican fuentes del Ejecutivo autónomo. Los extranjeros comenzaron a compartir los bancos de la plaza de Santa Catalina con el medio centenar de indigentes locales que ya la tenían tomada, lo que ha ido generando un creciente malestar entre los vecinos y los comerciantes de la zona, en pleno centro de la ciudad, cuajada de comercios, a tiro de piedra de donde desembarcan los cruceros de lujo y a un paso de la emblemática playa de Las Canteras.

'Vienen por hambre o por guerras y, después de tenerlos hacinados durante 40 días, los traen en barco y los sueltan: es inhumano, pero el barrio está hasta las narices de tenerlos aquí todo el día, porque esto se está deteriorando y el comercio ha bajado', asegura el farmacéutico Jesús Sanz Bozal, presidente de la asociaciones de pequeñas y medianas empresas de Santa Catalina, cuya botica está en la misma plaza.

Redes mafiosas

La mayoría de los inmigrantes ha contactado con parientes o amigos en otras localidades españolas y el extranjero o incluso con las redes mafiosas que los arrumbaron en Canarias para que les enviaran al menos los 196,12 euros que cuesta el billete del vuelo nocturno Iberia 811, válvula de escape de la situación. Pero los barcos han seguido llegando y los inmigrantes en la plaza se han ido renovando.

'El Gobierno no debe mandar ni un inmigrante más a Las Palmas, como primera medida, y para los que ya están, el Ejecutivo canario tiene que asumir sus obligaciones y no dejarlos en la calle', explica el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria (Partido Popular). 'Ellos no quieren estar en la calle y sin futuro. Si el Gobierno no los puede expulsar, que los regularice, pero el resto del Estado también tiene que ser solidario con Canarias', alega Pilar Álvarez, responsable de Política Social de la gestora de Comisiones Obreras de Las Palmas. En junio han llegado 833 africanos más.