'Calote'

Calote es el término que los brasileños utilizan para referirse a la reestructuración de una deuda mediante el alargamiento de sus plazos y la reducción de su tipo de interés. La palabra también se usa cuando la falta de capacidad de pago -o de voluntad de pago- del deudor le lleva a declarar la imposibilidad de seguir honrando sus obligaciones financieras. Los participantes en los mercados financieros están aprendiendo a pronunciar el término, algunos por curiosidad intelectual, y otros sencillamente porque están convencidos de que Brasil no podrá durante mucho más tiempo seguir haciendo frente a sus deudas externa e interna.

La deuda externa brasileña asciende a unos 200 miles de millones de dólares y está repartida al 50% entre el sector público y el sector privado. Por su parte, la deuda pública interna supone una cifra similar y conlleva el pago anual de una factura de intereses que equivale al 7% del PIB brasileño. Brasil lleva tres años registrando superávit fiscales en el entorno del 3,5% del PIB, la deuda pública ha continuado aumentando y hoy equivale al 56% del PIB.

El súbito descubrimiento por los mercados de la vulnerabilidad que para la economía brasileña supone su elevado nivel de endeudamiento tiene mucho que ver con tres factores. En primer lugar, con la mediocre evolución de la economía brasileña desde que estalló la crisis asiática, que se ha traducido en un bajo ritmo de crecimiento -en los últimos años, apenas un 0,8% anual- unas tasas de interés muy elevadas -por encima del 18%, pese a que la inflación está en torno al 7%- y un tipo de cambio que se ha depreciado muy fuertemente: desde la virtual paridad con el dólar del Plan Real, que estaba aún vigente en diciembre de 1998 a los actuales 2,8 reales por dólar.

La segunda razón es política: Brasil tiene elecciones en octubre de este año, y los sondeos no aseguran que el próximo Gobierno vaya a dedicar su capital político a desarrollar las políticas fiscales y monetarias que harían posible seguir honrando las obligaciones financieras del país. La tercera razón deriva de la irresistible tentación que los mercados tienen -contra toda evidencia- de pensar que Brasil acabará comportándose como la Argentina del default y la ruptura de las reglas de juego.

Frente a la primera razón lo único que cabe decir es que Brasil no ha dilapidado en los últimos años su potencial de crecimiento. Todo lo contrario. Con mucho esfuerzo y no poca destreza política, el país ha logrado avances institucionales que han mejorado la consistencia de su política económica. La ley de Responsabilidad Fiscal brasileña y la reestructuración de la deuda de sus 27 Estados, junto a un sistema fiscal que recauda el equivalente al 34% del PIB, configuran una política fiscal que nada tiene que ver con la padecida por los países que han incumplido sus obligaciones financieras. La política de metas de inflación instrumentada por el Banco Central cuenta con la credibilidad que otorga haber cumplido desde 1999 los objetivos anunciados, algo de mucha importancia económica y política en un país en el que la sombra de la hiperinflación está todavía presente.

Finalmente, el régimen de tipo de cambio flotante es un potente amortiguador de las perturbaciones financieras externas e internas. El país tiene potencial de crecimiento, una excelente clase empresarial, y una sociedad que ahorra y confía en su moneda. No suelen ser estos los rasgos del país que está a punto de precipitarse en el abismo del aislamiento internacional y el retorno a las utopías populistas.

Brasil tiene graves problemas sociales, desequilibrios macroeconómicos y vulnerabilidades externas e internas que todavía debe corregir. No parece que el calote de la deuda, la expropiación del patrimonio de los ahorradores sea la mejor vía para conseguir este objetivo. Así están entendiéndolo quienes compiten en las reñidas elecciones de octubre. Armiño Fraga, el Gobernador del Banco Central, está manteniendo reuniones con los candidatos para tratar de conseguir un consenso mínimo sobre ciertas reglas básicas de actuación del próximo Gobierno: seguir aplicando una política fiscal prudente, mantener las metas de inflación, y rechazar inequívocamente la ruptura de los contratos. Los mercados todavía no oyen esta música, o no se la creen al 100%. Pero el Tesoro norteamericano, el G-7, y el FMI sí que están prestando atención, y prometen que, una vez asegurado un rumbo sostenible para la futura política económica, Brasil tendrá acceso a la financiación necesaria para sortear sus dificultades.