Israelíes y palestinos negocian el fin del asedio a las ciudades de Cisjordania

Israelíes y palestinos negocian el levantamiento del asedio y el toque de queda impuesto por el Gobierno israelí a la población de Cisjordania desde hace un mes como castigo y prevención de ataques suicidas. Las conversaciones podrían, sin embargo, malograrse si el Ejecutivo israelí mantiene el proyecto de deportar a Gaza a una veintena de familiares de los responsables de los últimos atentados terroristas en Tel Aviv y el asentamiento de Emanuel.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Simón Peres, y el ministro de Asuntos Locales Palestinos, Saeb Erekat, tenían previsto ayer noche sentarse frente a frente para estudiar el levantamiento progresivo del toque de queda y el asedio a que se encuentra sometida la población de Cisjordania desde el pasado 20 de junio, cuando se inició la operación militar Camino Firme.

Este castigo colectivo, uno de los más largos y estrictos impuesto por un Gobierno israelí contra la población palestina en los últimos años, afecta globalmente a más de 1.800.000 habitantes, a los que se les mantiene enclaustrados en sus ciudades y pueblos, sin otro consuelo que el de salir durante unas horas al día a la calle para abastecerse o acudir al trabajo, de acuerdo con los criterios del mando militar de cada una de las ciudades.

Ayuda humanitaria

El encierro de la población palestina de Cisjordania en sus pueblos supone para Israel el control absoluto de todas las carreteras y caminos, con lo que se entorpece además la ayuda humanitaria que la comunidad internacional trata desde hace tiempo de hacer llegar a los asediados, incluidas las campañas de vacunación de los niños, la distribución de agua, medicamentos o la de alimentos.

Las fórmulas alternativas diseñadas por algunas organizaciones humanitarias -contratar chóferes extranjeros para conducir los convoyes de ayuda humanitaria y tratar así de pasar los controles del Ejército-, no garantizan la llegada de los suministros.

Sólo una franja muy reducida de la población palestina, la que vive en los alrededores de Jerusalén -367.000 habitantes-, goza de una aparente libertad de movimientos, siempre y cuando vivan 'al otro lado del control' israelí, lo que ha llevado a muchos habitantes a buscar nuevo domicilio en las 'zonas abiertas', sobre todo en la parte este de la ciudad. Pero para ello están obligados a pagar alquileres exorbitantes. Los precios se han disparado en las últimas semanas: un piso con dos dormitorios cuesta al mes hasta 2.500 euros, el doble que en el otro lado de la ciudad, en el Jerusalén judío.

Jerusalén es una excepción. El resto de la población palestina, que vive en las ocho ciudades autónomas, tiene bloqueada la vida social. Pero también sus actividades económicas. El paro, según los últimos datos, afecta ya al 78% de la población activa, y la miseria alcanza a la mitad de la población.

Al asedio se le ha sumado en los últimos días la incomunicación. Fuerzas del Ejército tomaron las oficinas del servidor de Internet más importante de Cisjordania y Jerusalén Este, dejando sin servicio a millares de usuarios. La red telefónica de los móviles palestinos funciona además con dificultades, vislumbrándose en el horizonte el colapso absoluto.

Ante este panorama, las negociaciones entre Peres y Erekat, que estaban programadas iniciarse ayer por la noche en un lugar secreto de Jerusalén, es una puerta a la esperanza. Pero este proceso de diálogo podría verse abocado al fracaso si Ariel Sharon mantiene el proyecto de deportar a los familiares de los últimos suicidas palestinos, como represalia, advertencia y medida de disuasión a la rebeldía de las organizaciones radicales a pesar del clamor en contra de la comunidad internacional, y de los consejos de los sectores más sensatos de su Gobierno, que temen que las deportaciones provoquen una nueva oleada de violencia.