El Gobierno francés aprueba la prisión para niños en medio de una gran controversia

Desde la prisión para niños de 13 años a los centros cerrados de reeducación de jóvenes delincuentes, el Gobierno francés dio ayer su visto bueno a una batería de medidas represivas propuesta por el ministro de Justicia, Dominique Perben, que incluye 3.300 jueces no profesionales -para 'agilizar' la justicia- y 11.000 nuevas plazas carcelarias. Pese a las protestas de la oposición, que lo considera 'una vuelta atrás de 20 años', y de los defensores de los derechos humanos, el Gobierno conservador asegura que la gran mayoría del pueblo lo exige y está dispuesto a concedérselo.

'Un proyecto terrible', asegura la ex ministra socialista de Justicia, Marylise Lebranchu, mientras otros dirigentes de la oposición lo consideran 'el primer error del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin'. Pero los conservadores consideran que los equivocados son los antiguos gobernantes, apeados del poder por indecisos.

Una encuesta del Ministerio de Justicia francés, exhibida ayer por el actual titular, muestra que el 77% de los franceses está a favor de la creación de los centros cerrados para jóvenes, y el 90% apoya la creación de los jueces no profesionales, dos de las medidas más criticadas.

Francia cerró hace 40 años los reformatorios y los sustituyó por unos centros de menores de vocación más bien educativa, que no han contribuido a reducir la delincuencia juvenil, entre denuncias de falta de medios. Unos 5.000 adolescentes están encerrados en prisiones convencionales como la descubierta en Lyón por una comisión investigadora del Senado, un lugar 'indigno de la Francia del siglo XXI', donde los adultos presos se mezclan con los adolescentes en una instalación mugrienta, húmeda y con patios de paseo 'siniestros y minúsculos'.

Para poner remedio a estas situaciones, el Gobierno se ha comprometido a invertir 3.650 millones de euros en cinco años, y le parece tan urgente, que el proyecto de ley será tramitado en lo que queda de julio y en el mes de agosto.

Los menores delincuentes serán reeducados en centros cerrados, con una primera inauguración prevista a comienzos de 2003. El ministro de Justicia los concibe como 'centros de tamaño pequeño, destinados a acoger entre 6 y 10 jóvenes cada uno', sin barrotes; pero al que se atreva a escaparse, se le encarcelará en cuanto le pongan la mano encima si ha cumplido los 13 años de edad.

La Comisión de los Derechos Humanos, un órgano asesor del primer ministro, se manifiesta horrorizada por esa reforma, sobre todo por el encarcelamiento de los de 13 años a 16 años, 'criminógeno en sí mismo', como lo demuestra la fuerte proporción de reincidentes entre los adolescentes que acaban en presión.

La libertad provisional

La comisión lamenta que 'se agrave la tendencia actual al encarcelamiento' de jóvenes y se opone a echar abajo 'interesantes innovaciones' de la ley sobre la presunción de inocencia, adoptada en junio de 2000 por lo que entonces era un Parlamento con mayoría de izquierda, que pretendía limitar la amplitud de la prisión provisional. La filosofía del nuevo Gobierno exactamente es la contraria.

Los procedimientos de encarcelación preventiva se simplifican, para que sea más fácil encerrar a los autores de robos y destrozos de bienes, principalmente. Los presos serán agrupados en función de su peligrosidad y no simplemente de la pena a la que hayan sido condenados. Se instaura un sistema para descongestionar las prisiones, que consiste en obligar a los procesados a aceptar un brazalete de vigilancia electrónica si quieren evitar la cárcel antes del juicio: esta medida se aplicaba hasta ahora a los condenados que salen de prisión por permisos u otras circunstancias.

La arquitectura del nuevo sistema comienza por los 'jueces de proximidad', no profesionales, que por ello son calificados de 'subjusticia' por las dos principales asociaciones de magistrados. La Comisión Consultiva de los Derechos Humanos se muestra inquieta de que se confíe 'el juicio de asuntos penales a jueces no profesionales'.

El Partido Socialista denuncia 'una vuelta atrás de más de 20 años' y asegura que 'la creación de jueces de proximidad, sin formación y nombrados sin ningún criterio de independencia, va a significar la instauración de una justicia de dos velocidades', sobre todo en el capítulo referido a los adolescentes.