Salud prohíbe a una farmacia trabajar con la Seguridad Social
La Delegación de Salud en Málaga ha tomado una decisión sin precedentes: ha prohibido a una farmacia de la capital recibir recetas de la Seguridad Social, lo que supone la imposibilidad de trabajar con este organismo. La resolución se basa en la causa penal que su propietario, Alberto Gandoy Arcos, tiene abierta en un juzgado malagueño por dos fraudes a la Seguridad Social, delito contra la salud pública y falsificación de documento. La prohibición es cautelar y sine die.
La farmacia sancionada comenzó a ser investigada en 1999. En abril de 2000, la policía llegó a la conclusión de que el farmacéutico alteraba las recetas para cobrar medicamentos más caros que los realmente prescritos por los médicos. Al enfermo le vendían la medicina recetada, pero la farmacia cobraba otra de mayor precio. Las pesquisas revelaron que se falsearon 10.000 recetas y las firmas de 22 facultativos. El supuesto fraude dio origen a una causa penal.
Un año y medio después el mismo farmacéutico, un médico y otras dos personas fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de estafar a la Seguridad Social. En este caso, el modus operandi era distinto. El facultativo proporcionaba recetas de pensionistas, los otros dos miembros de la red falsificaban los códigos de barra de los medicamentos y el farmacéutico los pegaba a las recetas y los presentaba al cobro como si fueran auténticos. Este supuesto fraude dejó a sus autores altos beneficios no sólo porque usaban recetas subvencionadas al 100% sino porque además 'recetaban' medicamentos caros. En esta segunda operación, los agentes decomisaron 75.000 cupones falsos de diversos medicamentos.
Al principio esta causa comenzó a instruirse en otro juzgado, pero finalmente las dos fueron acumuladas. En enero, Salud llegó a cifrar la estafa en más de 6 millones de euros. Tras su detención, el facultativo fue expedientado y apartado del servicio, pero la farmacia seguía abierta y trabajando con la Seguridad Social. Salud llegó a estudiar su cierre cautelar, pero finalmente ha optado por prohibirle recibir recetas de la Seguridad Social.
