A las barricadas por la meteorología

El propósito de la mayoría gubernamental vasca de reclamar más de una treintena de competencias inscritas en su Estatuto, poniendo un plazo para su concesión, sólo tiene de original precisamente esto último. Cualquier lector de las memorias de Joaquín Almunia sabe de sobra que estas competencias fueron negociadas durante su etapa como ministro de Administración Territorial. Se trata de cuestiones de lo más variopintas: alguna, relativa a la Seguridad Social, afecta al conjunto del sistema español. Otras tienen un aspecto de reivindicación económica: el Estatuto señala que corresponde a la comunidad autónoma la política científica y de investigación. Ibarretxe ha recordado que el CSIC es casi exclusivamente madrileño, y tiene razón al decirlo. Todas estas competencias, en fin, en condiciones normales tendrían que ser objeto de una negociación técnica, pesada, pero concluida en un buen resultado final.

Lo que convierte la reivindicación en estridente es la exigencia de un plazo y el lenguaje agónico con que se presenta. Resulta un tanto grotesco lanzarse a las barricadas con el propósito de que las competencias del Instituto Nacional de Meteorología correspondan en exclusiva a la comunidad autónoma. Pero, claro está, la reivindicación de la autodeterminación resulta todavía peor, al no ser precisada en su contenido y límites y ser al mismo tiempo la panacea de todos los bienes para un sector de los vascos, así como el testimonio patente, para otros, de la innata perversión de los dirigentes del PNV.

Planteadas así las cosas y remitiéndose tan sólo al contenido de la pretensión gubernamental vasca, se podría pensar en un tratamiento reposado, frío y producto del intento de llegar a una vía media entre dos extremos. En un libro reciente, Pérez Díaz ha señalado hasta qué punto en los análisis sobre la vida pública española predomina lo exhortativo sobre lo propiamente deliberativo. En ninguna ocasión se hace tan patente esta realidad como en el País Vasco. En ella lo más frecuente es el gesto y la descarga de adrenalina.

Se comprende por la incidencia del terrorismo. Es verdad que no hay nada tan esencial como la igualdad de derechos a la hora de expresar las propias opiniones y la libertad para hacerlo sin riesgo de la propia vida. Pero, partiendo de esa base, como ha recordado Pasqual Maragall, lo verdaderamente pésimo de la existencia de ETA es que impide a la sociedad vasca -e incluso a la española- avanzar en cualquier sentido prometedor.

La mejor prueba la tenemos en la que parece irremediable postura del PP en torno a la cuestión. ¡Qué lejanos están los tiempos en los que, a la altura de 1996, podía pensarse que, al fin, la derecha española, tradicionalmente centralista, iría de la mano de los nacionalismos periféricos! Convertido en martillo de herejes, Javier Arenas no sólo considera inamovible el presente Estado autonómico, sino que no duda en asimilar la posición del Gobierno vasco al terrorismo, lo que es una necedad. Por si fuera poco, su visión del nacionalismo catalán consiste en verlo como una especie de 'sano regionalismo' y, entonces, ofrecerle ministerios o considerarle como entregado a una deriva semejante a la vasca.

Parece no tener remedio el que en los meses próximos en esta cuestión estaremos dominados por la gresca, las actitudes desgarradas y la confrontación sistemática. Por eso es precisamente ahora cuando hay que hacer un ejercicio de frialdad y recordar cosas tan elementales como que el propósito del Gobierno vasco es de difícil realización y la posición oficial del PP se sitúa en la extrema derecha de su propia tradición. Tan sólo esto debiera hacernos recordar que un tratamiento más 'deliberativo', es decir, más frío y más tendente al diálogo, es posible y deseable. La prueba definitiva la encontramos en que en otros momentos - elaboración del Estatuto y la Constitución- resultó así exactamente.