La revisión a medio plazo de la política agrícola

Es nuestra intención seguir garantizando a los agricultores españoles una renta proporcionada. En ese sentido, nuestra propuesta no cambia absolutamente nada. Nuestros agricultores se merecen unos pagos proporcionales a sus productos de calidad, a sus prestaciones medioambientales y al cuidado del paisaje.

La cosmética es insuficiente: necesitamos un lifting facial para devolverle a la política agrícola común su credibilidad. A través de la revisión a medio plazo, la Comisión ha presentado una propuesta con la cual pretendemos acercar la política agrícola común a los agricultores, los consumidores y los contribuyentes.

Para mantener en el futuro la política agrícola debe reforzarse el principio de 'prestación y contraprestación'. El agricultor de la Unión Europea produce muchos bienes públicos, desde el medio ambiente hasta la protección de los animales, pasando por el cuidado del paisaje. El mercado no paga estas prestaciones, pero la sociedad las exige, por lo que los agricultores deben recibir una compensación por ellas subvencionada mediante fondos públicos.

El objetivo de la Comisión es evidente: queremos reconciliar la política agrícola con la sociedad, definir claramente la prestación y la contraprestación y, con ello, justificar mejor sus dotaciones presupuestarias. Éstos son mensajes que nuestros ciudadanos comprenderán bien. De esta manera no se seguirá considerando al agricultor del futuro como un receptor de limosnas, sino que estará en condiciones de exigir al ciudadano europeo una contraprestación financiera en su calidad de empresario orientado hacia el mercado y prestatario de servicios medioambientales o paisajísticos.

Porque es evidente que un sistema de ayudas que incita al agricultor a producir de manera intensiva, que es excesivamente burocrático y que obliga forzosamente al agricultor a orientar su producción en función de las subvenciones en lugar de las necesidades del mercado, corre el riesgo de perder el apoyo del contribuyente europeo. Tal evolución no es la que persigue la Unión Europea y, sin duda, no es la que pretenden nuestros agricultores.

Con nuestras propuestas pretendemos devolverles a los agricultores su función empresarial, de forma que produzcan para sus clientes en lugar de producir para los almacenes de la intervención. Queremos reducir el peso que supone para el agricultor la burocracia agraria y ayudarle financieramente para que su producción logre los altos niveles de calidad que nuestros ciudadanos esperan. En el futuro, la calidad debe ser rentable.

Para lograr estos objetivos, los agricultores recibirán ayudas directas a la renta sin tener que producir cereales o carne de vacuno. Sin embargo, tendrán que producir de manera satisfactoria bienes públicos demandados por la sociedad que, en cualquier caso, el mercado no retribuye. Esto supone no sólo una gran simplificación administrativa, sino que también significa que las ayudas ya no comportan incentivos a la producción que ignoran la evolución del mercado.

La confianza del consumidor es un principio fundamental para el éxito de la agricultura. La confianza, que se ha visto negativamente afectada, sólo puede volver a recuperarse mediante una mayor transparencia y responsabilidad. Por ello, proponemos una auditoría de las explotaciones. Soy consciente de que ésta representará una serie de gastos adicionales para los agricultores, pero en el futuro éstos se cofinanciarán mediante los fondos dedicados al desarrollo rural.

Si queremos reforzar la reorientación de las ayudas agrícolas en la dirección de la compensación por las prestaciones adicionales de nuestra agricultura, tenemos que introducir obligatoriamente la modulación en todos los Estados miembros. Queremos retener adicionalmente cada año un 3% de los pagos directos, aunque las pequeñas explotaciones que reciban menos de 5.000 euros anuales en pagos de esta índole quedarán al margen de esta reducción. Sin embargo, la agricultura no pierde este dinero, sino que, de conformidad con unos parámetros objetivos, se redistribuirá entre los Estados miembros, los cuales lo pueden dedicar a desarrollo rural. Prevemos un elemento de cohesión, que aportará más fondos a los agricultores espanoles. En la fase final del proceso tenemos previsto que, de esta forma, tras siete años, se habrá reorientado un porcentaje de un 20% de los pagos directos, lo cual generará un enorme incremento de los fondos europeos que se pueden dedicar a desarrollo rural.

Por el momento, el 20% de las grandes empresas reciben el 80% de las ayudas agrícolas. Por tanto, debe fijarse un límite máximo a los pagos directos modulados, establecido en 300.000 euros por explotación. Los fondos ahorrados de esta forma permanecerán en el presupuesto del Estado miembro, que podrá decidir si los destina a desarrollo rural y de qué manera lo hace.

Hay que señalar que la gran mayoría de los agricultores en España son pequeños. Por consiguente, no se verán afectados por la modulación.

Pero no sólo debe reforzarse la financiación del desarrollo rural. Queremos prestar ayuda económica a los agricultores a través de nuevos programas para que produzcan con una mayor orientación comercial y para que cumplan las normas establecidas. Por ello, proponemos nuevos programas para mejorar la calidad de los productos. Por un lado, estos programas están vinculados con la certificación de la producción, y por otro, con la comercialización de productos de calidad, productos con denominaciones de origen geográfico y productos ecológicos. Los ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos obligatorios en materia de bienestar animal también pueden contar en el futuro con una compensación directa de sus gastos adicionales.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la política agrícola requiere modificaciones para responder mejor a las exigencias de nuestra sociedad moderna, pero, sobre todo, a las necesidades de los agricultores europeos. Pero al mencionar el lifting facial lo que quiero decir es que no se cuestionará el núcleo de la PAC. También necesitamos en el futuro una política agrícola fuerte y unitaria en la Unión Europea que goce de la confianza del ciudadano y garantice el mercado interior.

Franz Fischler es comisario de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.