Cinco argumentos contra un presidente

La oposición estadounidense al presidente Bush le acusa de ser el gran aliado de las empresas en áreas como la energía, el medio ambiente, la salud y las legislaciones laborales, mercantiles y fiscales. Éstas son las principales acusaciones por parte de los demócratas, ambientalistas y sindicalistas:

Medio ambiente. Bush propuso la supresión de la ecotasa Superfund cleanup tax, lo que supondría un ahorro para las petroleras y la industria farmacéutica y por la que la carga fiscal recaería en los contribuyentes. La Administración de Bush también ha rebajado la legislación ambiental que exigía a las empresas una tecnología limpia. La Agencia de Protección Ambiental propuso durante el mandato de Bush nuevas leyes que permitan a las empresas mineras verter residuos de la extracción a los ríos.

Energía. Bush decidió no ratificar el Protocolo de Kioto, que impone el recorte de emisiones a la atmósfera para luchar contra el cambio climático y dio marcha atrás en su intención de considerar el dióxido de carbono una emisión contaminante. Ambas medidas protegen a la industria energética.

Salud. La Administración de Bush defendió un plan de acceso a los medicamentos de los mayores, apoyado por las empresas, y que supondría un gran ahorro para las aseguradoras médicas. Bush negoció con el Sevicio Nacional de Salud una iniciativa que impidió al Congreso aprobar una ley que hubiera supuesto un coste adicional para las aseguradoras médicas.

Legislación laboral. Bush sustituyó la legislación que exigía la adecuación ergonómica de los puestos de trabajo por una serie de recomendaciones no vinculantes, lo que supuso un ahorro de 4.500 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) anuales a las empresas y que contó con la oposición de los sindicatos. El Gobierno de Bush suspendió además una ley de la era Clinton que exigía a las agencias federales verificar el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud laboral a los potenciales contratistas.

Política fiscal. Bush ha propuesto 'crecimiento cero' para la Comisión del Mercado de Valores (SEC) para el próximo año. La SEC pidió al Congreso 91 millones de dólares para ampliar su plantilla y la Oficina de Contabilidad del Congreso alertó al Gobierno el pasado mes de marzo de que 'la SEC afronta cada vez más una mayor carga de trabajo', lo que 'afecta de forma negativa a las funciones de inspección fiscal de la SEC'. El pasado otoño, Bush suscribió un paquete de estímulo económico que hubiera proporcionado a las empresas un ahorro fiscal de 70.000 millones de dólares (unos 68.000 millones de euros).