Francia amenaza con mandar a la cárcel a los delincuentes de 13 años

El nuevo Gobierno francés está decidido a meter mano a la 'juventud delincuente'. El ministro de Justicia, Dominique Perben, anticipó ayer los puntos esenciales de un proyecto de ley que prevé la prisión provisional para chicos a partir de 13 años, mientras esperan juicio, una medida limitada hasta ahora a los 16, salvo en casos de asesinato. El internamiento de adolescentes exigirá duplicar el número de plazas carcelarias para menores.

El plan añade un programa de construcción de 'centros educativos cerrados', orientados oficialmente 'hacia la reinserción'. El nuevo dispositivo prevé asignar a esos centros a los jóvenes delincuentes, condenados o simples sospechosos. No tendrán barrotes, pero serán vigilados por funcionarios de prisiones. Han sido concebidos como 'centros de tamaño pequeño, destinados a acoger entre seis y diez jóvenes cada uno, donde recibirán un programa de fuerte contenido educativo orientado hacia la reinserción', dijo el ministro. Si el adolescente se marcha de ese centro, la ley permitirá el encarcelamiento directo como segunda medida.

Poner en pie todo este dispositivo llevará años, de modo que, por el momento, seguirán usándose las cárceles convencionales, donde existen zonas separadas para menores. Al menos, en teoría. Una comisión de investigación del Senado acaba de publicar un informe escandaloso sobre el estado en que se encuentran tales instalaciones.

Así, la zona de menores de la prisión de Lyón es un lugar 'indigno de la Francia del siglo XXI', explica la comisión investigadora, que da cuenta de que 'la separación entre mayores y menores es virtual', describe muros cubiertos de suciedad, filtraciones de agua generalizadas o patios de paseo 'siniestros, minúsculos'. Tiene 13 plazas, pero el día de la visita de la comisión albergaba a 26 adolescentes, casi todos presos sin juicio, dos de los cuales murieron a los pocos días en un incendio provocado.

El ministro de Justicia desarrolla otros preparativos para la población de más edad. Así, el Gobierno desea instaurar el brazalete de vigilancia electrónica para los procesados, un instrumento hasta ahora reservado a los que han sido juzgados, y vigente en Francia sólo desde el mes de abril. Las prisiones serán equipadas con sistemas para inutilizar el uso de los teléfonos móviles en su interior, a fin de hacer más difíciles los intentos de fuga. Las víctimas de terrorismo, tortura o violaciones podrán contar con los servicios de abogados pagados por el Estado.

De los 10.000 nuevos empleados judiciales previstos, nueve de cada diez no serán magistrados, sino agentes judiciales, funcionarios de prisiones y vigilantes-educadores. A los nuevos funcionarios se sumarán 3.300 'jueces de proximidad', que no serán magistrados profesionales, competentes para juzgar numerosas infracciones y ciertos delitos, pero no podrán castigar con penas de cárcel.

Este proyecto de reforma no responde a un contagio poslepenista. La mayoría de las medidas -no la de la prisión a los 13 años- figuraban en el programa de Jacques Chirac para las elecciones presidenciales y fueron reiteradas por la Unión para la Mayoría Presidencial en las legislativas, de modo que el Gobierno cree contar con un amplio respaldo para aplicarlas, justificándolas como indispensables para 'restablecer la autoridad del Estado' y 'acabar con las zonas donde no se aplica el derecho'.

El Partido Socialista, por su parte, denunció 'una vuelta atrás de más de 20 años' en los planes del Gobierno para la justicia, sobre todo en el capítulo referido a los adolescentes. 'La dimensión educativa de este proyecto ha desaparecido por completo. En lugar de los jueces de menores, unos jueces de proximidad, sin formación específica, serán los primeros en intervenir frente a la delincuencia juvenil'.