Árboles singulares en tierra sin ley

En la mayoría de las comunidades autónomas, que poseen leyes específicas para proteger su patrimonio de árboles monumentales, sería más difícil que se produjera un expolio de olivos milenarios como el que sufren las comarcas del norte de Castellón. Da igual el signo político de sus gobiernos. Regiones con gobierno socialista como Extremadura o Andalucía, comunidades dirigidas por el PP como Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León o Galicia, y autonomías en manos de partidos nacionalistas como el País Vasco o Cataluña, tienen, dado que las competencias en medio ambiente están transferidas, sus propias leyes, al igual que Navarra y las Islas Baleares.

No es así en la Comunidad Valenciana, según explica Bernabé Moya, director del departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia. Y aunque la Consejería de Medio Ambiente niega tener competencias para evitar el negocio en torno a estos árboles, prácticamente todas las leyes autónomicas al respecto las han redactado departamentos homólogos al que dirige el consejero Fernando Modrego.

Ante esta falta de normativa, la Fundación Penyagolosa para el desarrollo del mundo agrario, una institución fundada hace dos años por la unión de cooperativas Intercoop, y de la que forman parte como patronos la Universidad Jaume I de Castellón, la Diputación, la Unió de Llauradors, la Cámara de Comercio y la Federación Valenciana de Empresas y Cooperativas de Trabajo Asociado Fevecta, elaboró ayer una estrategia para proteger los olivos.

Así, la fundación se comprometió a profundizar en el inventario de los olivos milenarios y en su catalogación, con una localización exacta y valoración de su interés público. Juan José Damià, presidente de la fundación, desveló que ya tienen 'unos 60 árboles censados' y consideró que en la provincia 'habrá unos 100 que merecerán protección', aunque uno de los patronos, la Unió, considera que el número de olivos milenarios es superior.

La fundación también instará a Agricultura, Medio Ambiente y a la Diputación a que generen recursos para apoyar a los propietarios de los olivos milenarios. Además, se compromete a buscar recursos a través de programas europeos para 'lograr de 300 a 360 euros por árbol al año' que cree suficientes para mantenerlos en su sitio.

Salvo en los escasos municipios que han redactado sus ordenanzas municipales, el valenciano es un territorio sin ley para los árboles singulares. Ayer mismo, en una imagen cada vez más frecuente, un camión entraba en Cataluña desde Castellón con cinco espléndidos olivos. 'La mejor fórmula son las dos vías, que haya un paraguas normativo a nivel autonómico y que sean los municipios, la gente que vive junto a los árboles, los que los protejan', opina Moya. Según el experto, da igual que el árbol monumental y singular, un ejemplar que merece ser conservado 'bien por su excepcionalidad botánica, su tamaño, su edad, su porte o su rareza, o bien por su valor histórico, cultural o social', corresponda a una especie agrícola, una planta protegida o a un ejemplar exótico. Merecen la misma protección.

Como ejemplo de maltrato a los árboles singulares, Moya cita una Beaucarnea gigantesca de Dénia, la más grande de Europa. Su propietario la vendió a una empresa por 3.000 euros (500.000 pesetas) y ésta pactó su reventa a La Nucia por 96.000 (16 millones de pesetas). En pleno proceso de catalogación y protección, Dénia suspendió el traslado y precintó el árbol, pero ayer, a las siete de la mañana, la empresa ahora propietaria la trasladó a un vivero de Elche sin que los policías de Dénia pudieran impedirlo. Para Moya, éste ejemplo es igual de grave que 'el 'expolio' de olivos en Castellón: 'Se trata de una pérdida irreparable, son únicos y no se pueden sustituir'.

Mientras, desde el gabinete del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, negaron ayer 'cualquier competencia para abordar el asunto' en respuesta a la carta remitida por el diputado socialista Mario Edo, que exigía la adopción de medidas urgentes para frenar el expolio. Aseveraron que estas obligaciones están transferidas y que la solución al problema corresponde a la Generalitat.