Funcionarios de las Cortes denuncian desfases en sus cuotas de Seguridad Social

Una serie de funcionarios al servicio de las Cortes Valencianas han detectado que las retenciones practicadas en sus nóminas para pagar las cuotas de la Seguridad Social no se corresponden con los ingresos efectivos en la tesorería del organismo público. Las cartas que remite la Seguridad Social a los trabajadores y que recogen las cuotas satisfechas por sus patrones han revelado los desfases.

El nerviosismo entre los trabajadores de las Cortes se agudizó cuando los responsables de la gestión económica del Parlamento autonómico les negaron el acceso a los documentos que recogen los pagos a la Seguridad Social, los denominados TC1 y TC2. Según un veterano empleado, las Cortes han dejado de pagar las cuotas correspondientes a un año completo en el caso de algún trabajador. También afirma que el consejo de personal, equivalente al comité de empresa, ha defraudado a buen número de empleados por su falta de diligencia a la hora de afrontar el problema.

Miembros de la Mesa de las Cortes, tanto populares como socialistas, restan importancia al calado del desfase contable, que reducen a 'incidencias'. Pero lo cierto es que han contratado los servicios de una empresa de gestión de recursos humanos para establecer el volumen de la posible deuda a la Seguridad Social. La empresa debe ordenar la situación antes del próximo mes de enero.

'Incidencias'

Portavoces políticos atribuyen las 'incidencias' a errores humanos. La gestión de la nómina de los 136 empleados de las Cortes Valencianas ha sido responsabilidad de Josep Valor, que se acaba de jubilar, quien siempre ha sido auxiliado en su tarea por una gestoría cuyo responsable también ha dejado de trabajar debido a su avanzada edad.

Desde diciembre pasado, la mesa negociadora de las Cortes acordó convocar dos plazas para asumir las tareas relativas a personal y contabilidad ante la inminente jubilación de Valor, que ejerce las tareas por delegación del letrado mayor, Lluís Aguiló.Las plazas no han sido dotadas hasta la fecha y la gestión de las nóminas sigue en manos de una empresa ajena.

Gonzalo Fernández, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, recordó ayer que la Sindicatura de Comptes se ofrece cada año a las Cortes para auditar su contabilidad, sin ningún éxito hasta la fecha. También aprovechó la ocasión para arremeter contra Marcela Miró, presidenta de las Cortes Valencianas, que 'se perturba mucho ante ciertas cosas pero permanece imperturbable ante otras'. González aludía a la denuncia contra nueve miembros de UGT que desplegaron pancartas durante un pleno de las Cortes y a la falta de previsión para asumir la gestión de las nóminas de los empleados del Parlamento autonómico.