El Gobierno cerrará en agosto seis años de actuaciones contra el lindane

El Gobierno vasco concluirá este verano todas sus actuaciones para neutralizar el problema del lindane, iniciadas hace ya más de seis años. La finalización del depósito de Barakaldo, que albergará 325.000 metros cúbicos de suelos tóxicos provenientes de siete municipios de la Margen Izquierda, es la última de las tres principales infraestructuras acometidas y quedará sellada a fines de agosto, según un portavoz de Medio Ambiente. Estas actuaciones han supuesto una inversión global de 55,1 millones de euros, de los que 38 han sido financiados por la Unión Europea.

La celda de lindane de Barakaldo -una vaguada sita junto a un antiguo vertedero que entre ocho capas de tierras y drenaje alberga los suelos contaminados- está a punto de concluirse. Sólo queda terminar el traslado, iniciado el pasado lunes, de tierras del último de los 22 focos de este pesticida eliminados en siete municipios de la Margen Izquierda: el área donde se pretende ubicar un parque de ocio en Barakaldo, junto al puente de Rontegi, donde se localizan 20.000 metros cúbicos de suelos afectados. 'Ahora hay 304.000 metros cúbicos compactados en la celda y con esto se llegará a 325.000', asegura un portavoz de la sociedad pública ambiental Ihobe, quien recuerda que la capacidad límite del depósito es de 340.000 metros cúbicos.

Ihobe calcula que las tierras de este último foco quedarán completamente trasladadas en unas dos semanas. El sellado del depósito y la revegetación de la celda se prolongará en conjunto unos dos meses. 'Todo estaría concluido a finales de agosto', añade dicho portavoz.

El depósito de lindane es la principal de las tres infraestructuras acometidas por el Gobierno ante el problema de este pesticida, producido por dos fábricas entre 1947 y 1987 en Barakaldo y Erandio, que dejaron 82.000 toneladas de residuos en cerca de 35 focos, casi todos ellos situados en el área metropolitana bilbaína.

Su construcción empezó en noviembre de 1999 y, según los últimos datos del Gobierno, ha requerido una inversión de 35,4 millones de euros. Pese a que en principio iba a albergar tierras de 13 vertederos, se han ampliado hasta 22.

A finales del pasado año concluyeron las tareas de la planta de lindane puro de Barakaldo, ubicada en una de los dos fábricas que generó los residuos, y que eliminó 4.000 toneladas de desechos del pesticida en estado puro. Esta infraestructura, que estuvo funcionando dos años y, una vez concluida su labor, fue demolida para enterrarla en el depósito de Barakaldo, ha costado 12,5 millones de euros.

La primera infraestructura que se acometió fue la celda de lindane del aeropuerto de Bilbao, concluida en 1998 y muy similar a la instalación de Barakaldo. La diferencia es que alberga la tercera parte de suelos contaminados, 108.000 metros cúbicos. Su coste fue de casi 7,20 millones de euros.

Con ello, las tres infraestructuras habrán supuesto un gasto de 55,1 millones de euros, aunque de ellos 38 se han sufragado con cargo a la Unión Europea. El monto global se acerca al triple de la inversión anunciada en 1996, cuando se habló de unos 21 millones de euros.

El único proyecto sin ayudas comunitarias fue el primero, la celda del aeropuerto, para el que el Ejecutivo no pidió subvenciones. La plataforma ecologista Lur Maitea, que desarrolla una campaña de oposición a estas infraestructuras, ha asegurado que, en principio, se solicitó la subvención, pero se retiró cuando este colectivo planteó una queja ante la UE.

Las autoridades comunitarias han certificado la ilegalidad del depósito de lindane del aeropuerto por la falta de la declaración de impacto ambiental, con la que sí cuentan las otras dos infraestructuras. Tras una investigación de tres años, en julio de 2001 consideró que existe una infracción contrastada y ahora está pendiente la decisión de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Departamento de Medio Ambiente ha defendido que ha adoptado medidas similares a las que contiene una declaración de impacto.

En cualquier caso, una hipotética condena no tendría efectos prácticos, según los medios consultados, porque al tratarse de un aspecto formal -falta de un requisito antes de iniciarse las obras- no existe posibilidad de reparación posterior.

El rechazo de Lur Maitea a estas infraestructuras se basa en que 'atienden a especulaciones urbanísticas y económicas obviando cualquier criterio medioambiental'. Los ecologistas culpan al Gobierno de ocultar información 'para que los ciudadanos no conozcan el polvorín' en que están inmersos.