El suicidio de la revolución

El gobernante cubano Fidel Castro puede haber cometido el mayor error de su vida política la semana pasada al imponer una enmienda constitucional que prohíbe cualquier cambio futuro a la Constitución socialista de Cuba. Al prohibir cualquier enmienda, Castro está invitando a que un futuro Gobierno la deseche por completo y a que no se preserve un ápice de su régimen de más de cuatro décadas.

Como se sabe, el régimen recolectó 8,1 millones de firmas la semana pasada pidiendo que la Asamblea Nacional declare la actual Constitución 'intocable'. Las supuestas firmas de un 99,5% de la población fueron recolectadas por los Comités de Defensa de la Revolución, la policía política vecinal cuyas evaluaciones sobre el grado de 'compromiso revolucionario' de cada ciudadano determinan el futuro laboral de todo el mundo en un país en que el Gobierno es dueño de todos los medios de producción y de prácticamente todos los empleos.

La recolección de firmas del régimen fue una reacción a la ofensiva política sin precedentes de la oposición cubana, que -aprovechando una cláusula constitucional que permite someter a la Asamblea Nacional peticiones de ciudadanos que reúnan 10.000 firmas- había presentado más de 11.000 firmas pidiendo un referéndum nacional para preguntarle a los votantes cubanos, entre otras cosas, si desean libertad de expresión, libertad de asamblea y el derecho a la propiedad privada.

Pero Castro no tuvo el valor de presentarle al pueblo cubano las dos propuestas, para ver cuál elegían. Sabe perfectamente que perdería una elección abierta, con voto secreto. En su lugar, ordenó a las 'organizaciones de masas' la recolección de firmas a favor de su propuesta, y prohibió que la propuesta opositora fuera siquiera publicada en los medios de comunicación. Al hacerlo, Castro podría estar cavando su propia tumba política.

La propuesta de la oposición cubana, conocida como el Proyecto Varela, promueve cambios pacíficos y graduales en Cuba, que conservarían muchas leyes sociales que probablemente una buena parte de la población cubana desea mantener. Pero, al cerrarle las puertas a futuras enmiendas constitucionales, Fidel Castro firmará la partida de defunción política de lo que queda de su régimen.

La historia de América Latina está repleta de presidentes vitalicios que han promulgado cientos de Constituciones, todas ellas declaradas definitivas, intocables y eternas, sólo para luego ser descartadas por completo por nuevas asambleas constituyentes al primer cambio de los vientos políticos. 'Paradójicamente, al intentar momificar la Constitución cubana, el Gobierno podría realmente estar declarándola irrelevante', dice Robert Pastor, ex miembro del Gobierno de Jimmy Carter, que acompañó al ex presidente estadounidense en su reciente visita a la isla. 'Si el Gobierno dice que esta Constitución no puede ser enmendada, los que vengan tendrán que redactar una nueva Constitución'. Es la vieja paradoja del patriarca: en sus esfuerzos por mantenerse en el poder, los dictadores que se sienten amenazados por la oposición decretan leyes inviables a largo plazo, que no hacen más que garantizar cambios radicales en el futuro.

Por primera vez en mucho tiempo, el régimen castrista está a la defensiva. No recuerdo otro momento de los últimos años en que la oposición interna cubana -a pesar de su total falta de acceso a los medios de comunicación- se ha colocado en el centro del escenario político nacional y ha obligado al régimen a tomar posiciones reactivas.

En una entrevista telefónica desde La Habana, Oswaldo Payá, el líder opositor que está al frente del Proyecto Varela, confirmó mi sospecha. El hecho de que Castro no permita el derecho otorgado por su propia Constitución a los opositores a que se sometan sus preguntas a un referéndum es un claro síntoma de debilidad del régimen.

'Hay una pregunta para el Gobierno', dijo Payá. 'Si usted tiene el apoyo del 99% de los electores, ¿por qué no permite la publicación del Proyecto Varela? ¿Por qué no le permite al pueblo cubano escuchar del proyecto a través de los medios de comunicación, que son propiedad de todos los cubanos?'. '¿Por qué no vamos a un debate público donde Castro, Alarcón y todos sus expertos hablen seis horas, y yo 15 minutos?', preguntó Payá. 'No se animan a hacerlo'.

¿Qué pasará ahora? La Asamblea Nacional castrista probablemente declarará la Constitución 'intocable'. Aún no está claro si piensan ir aún más lejos, eliminando por completo los artículos que permiten a los ciudadanos presentar peticiones a la Asamblea Nacional.

Pase lo que pase, la oposición cubana lleva las de ganar. Si Castro no elimina la cláusula constitucional que permite a ciudadanos hacer peticiones públicas, la oposición seguirá adelante. Ya cuenta con 30.000 firmas, según me dicen. Y si Castro anula el artículo constitucional que permite las peticiones ciudadanas y declara su constitución inmodificable, habrá firmado su suicidio político.

La oposición cubana ya le ha perdido el miedo al régimen castrista, y está apoderándose de la iniciativa política en la isla, lo cual es una excelente noticia.

Andrés Oppenheimer es periodista, ganador de los premios Pulitzer y Ortega y Gasset.