La juez Palacios imputa a Cartagena un delito fiscal por una deuda tributaria de 236.197 euros

La juez Teresa Palacios de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto que da por zanjada la investigación en torno al caso de las cesiones de crédito del Banco Santander y que atribuye a Luis Fernando Cartagena, consejero de Obras Públicas del primer Gobierno de Eduardo Zaplana, un delito fiscal por dejar de regularizar una cuota tributaria de 236.197 euros (39.324.416 pesetas) correspondiente al ejercicio 1988.

El auto de la juez Palacios cierra unas investigaciones que se han prolongado más de una década a partir de una denuncia formulada contra el Banco Santander por José María Ruiz Mateos, a la que se sumó posteriormente la Agencia Tributaria, por un supuesto delito contra la Hacienda Pública relacionado con la oferta de cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto opaco al fisco. La juez considera probado que Cartagena fue titular de cesiones de crédito y que nunca declaró a Hacienda las cuotas correspondientes al incremento patrimonial que le reportaron tales depósitos. Sólo en 1988, esa cuota superaba con creces los 90.000 euros, la cantidad a partir de la cual el fraude al fisco se considera delito fiscal que se castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa que resulta de multiplicar por seis la cantidad defraudada.

Cartagena siempre ha negado haber sido titular de cesiones de crédito del Banco Santander. Ayer evitó cualquier comentario sobre el auto de la juez Palacios que insta la apertura de juicio oral contra cinco responsables de la cúpula del Banco Santander en 1988 y 138 titulares de depositos opacos que nunca declararon sus rendimientos.

El auto se extiende en los problemas con que ha tropezado la justicia a lo largo de toda la investigación para identificar a los auténticos titulares de las cesiones de crédito y concede especial relevancia a los datos registrados en las cintas de teleproceso incautadas a la entidad por los agentes de la unidad central de inspección de la Agencia Tributaria.

'Conviene referirse especialmente al mensaje de teleproceso SJ5, como medio probatorio de singular relevancia', explica la juez, a pesar de que 'los peritos de parte y el propio banco han tratado de desacreditar' su valor como prueba.

También cita expresamente las investigaciones al respecto desarrolladas por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia a raíz de la pieza separada abierta contra Cartagena por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en diciembre de 1997 debido a su condición de aforado como miembro del Consell.

Cartagena, que fue el alcalde más votado de España en una localidad de más de 50.000 habitantes (Orihuela) en las elecciones municipales de 1995, presentó su dimisión como consejero de Obras Públicas el 15 de marzo de 1998 para evitar, dijo, que un asunto 'privado' empañase al Gobierno autonómico y al PP de la Comunidad Valenciana. 'Mi cerebro y mis manos siguen a disposición del partido', añadió entonces.

Cartagena sigue siendo militante del PP y ocupa en la actualidad un puesto ejecutivo como secretario general de la Mutua Valenciana de Levante.

Al margen de su imputación en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, Cartagena fue condenado el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión por dos delitos de apropiación indebida de fondos públicos y falsedad documental cometidos cuando ejercía como alcalde de Orihuela. Según la sentencia, que ha sido recurrida, Cartagena nunca registró como ingreso en la contabilidad municipal una donación de 50.000 euros que la religiosa responsable de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios entregó al entonces concejal de Bienestar Social de Orihuela y luego acordó con el empresario local Ángel Fenoll una estrategia para explicar el uso de esos fondos.