Aumentan un 9,2% los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social dedicará este año un total de 20 millones de euros (un 3,1% más que en el ejercicio anterior) a las Ayudas de Emergencia Social (AES). La cifra de beneficiarios, 16.500 personas, se ha incrementado un 9,2% con respecto a 2001 porque este año pueden acceder a 1as ayudas quienes tengan una renta inferior al 79% del salario mínimo (el 75% antes).

Este número representa el 66,3% de los potenciales perceptores, según concretó Joseba Azkarraga. El consejero explicó que las ayudas no alcanzan al 100% de las personas necesitadas 'por falta de presupuesto suficiente' y, en algunos casos, porque los posibles beneficiarios 'desconocen su existencia'.

La mayoría de los receptores son matrimonios mayores de 55 años, familias monoparentales, parejas con menores a su cargo y personas que viven solas. Las peticiones son mayores entre las personas sin estudios.

Azkarraga expresó su preocupación por el hecho de que el 80% de las Ayudas de Emergencia Social se utilicen para cubrir las necesidades vitales relacionadas con la vivienda: alquileres, rehabilitaciones, accesibilidad, compra de electrodomésticos, facturas de calefacción, luz y agua. Por ello, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social trabaja con el de Vivienda para elaborar un convenio que permita la construcción de un número determinado de viviendas dirigido específicamente a los colectivos de población en situación de exclusión, según indicó el consejero. Se podría destinar así una cantidad mayor que la actual a paliar otras necesidades extremas que se producen en la alimentación, los gastos sanitarios no contemplados en el régimen general o el vestido, apuntó Azkarraga.

En esta línea, el decreto que regula las AES de este año, aprobado por el Ejecutivo autónomo el pasado martes, recoge como novedad que los ayuntamientos -que son los que abonan estas subvenciones- deben reservar un 20% de las cantidades que les serán transferidas para cubrir necesidades primarias que no sean la vivienda.

Azkarraga subrayó que 'la existencia de la exclusión social supone el puntual fracaso de una sociedad con dificultades para avanzar en el progreso teniendo en cuenta a colectivos importantes de ciudadanos'. En el País Vasco hay 74.000 personas (o 38.000 hogares) inmersas en lo que se denomina 'pobreza grave' y que intentan paliar sus necesidades accediendo al Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o renta básica. De estos ciudadanos, 25.000 serían susceptibles de recibir las AES, aunque sólo lo hacen 16.500.

Por territorios, el 2,1% de la población de Álava sufre una situación de pobreza, porcentaje que se eleva al 3,9% y al 7,3% en el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, respectivamente. En cuanto a los beneficiarios de la AES, en Álava las reciben el 90,3% de las personas potencialmente destinatarias de estas ayudas; en Guipúzcoa lo hace el 73,2%, y en Vizcaya, el 60,3%, según los datos aportados por Azkarraga.