La financiación del metro pone en riesgo la economía del Ayuntamiento sevillano

El pleno municipal tiene previsto aprobar esta mañana el convenio entre Junta y Ayuntamiento de Sevilla para concretar las aportaciones que el Consistorio deberá realizar en la construcción de la línea 1. Las cantidades ascienden a 20,95 millones de euros en tres anualidades y llevan aparejadas fuertes garantías de cobro a favor de la Junta. Izquierda Unida difundió ayer un informe del interventor que alerta del riesgo que corre el Ayuntamiento de no poder hacer frente a sus gastos de personal si se ejecutan esas garantías.

Tres plazos anuales de 6.986.292,12 euros. Algo más de 20,95 millones en total. Ésas son las cantidades que el Ayuntamiento de Sevilla se compromete a adelantar a la Junta entre 2004 y 2006 para la puesta en marcha de la línea 1 del metro, a la espera de que el Estado concrete su parte en la financiación de la infraestructura.

El convenio establece dos garantías de cobro a favor de la Junta si el Ayuntamiento no pueda afrontar sus pagos con cantidades consignadas en los presupuestos ordinarios de esos ejercicios. La primera, un derecho real de garantía sobre la parcela de Las Banderas en La Cartuja -situada entre Torre Triana y el puente del Patrocinio-, de la que el municipio posee 2.251 metros cuadrados con una edificabilidad de 869 metros cuadrados. En la segunda, 'el Ayuntamiento autoriza a la Junta para que detraiga la cantidad total adeudada (capital más intereses) de la inmediata mensualidad de su participación en los tributos del Estado'.

El preceptivo informe del interventor y el secretario municipales, con fecha del lunes pasado, señala que 'la capacidad económica del Ayuntamiento para asumir dichas obligaciones afectará a las dotaciones presupuestarias de otras actuaciones, que necesariamente deberán ser reducidas' y que, dadas las garantías establecidas, 'podría producirse una grave situación de la tesorería para atender obligaciones preferentes mensuales como son los gastos de personal'.

La concejal de IU, Paula Garvín, que difundió el informe, alertó del riesgo que el convenio supone de no poder afrontar siquiera el pago de salarios.