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El PP acusa a la primera teniente de alcalde de Algete de cohecho y tráfico de influencias

El concurso para la construcción de viviendas protegidas fue irregular, según los populares

Un juez de Torrejón de Ardoz ha admitido a trámite una querella del grupo popular de Algete contra la primera teniente de alcalde del municipio, Esperanza Martínez (IU), su marido y el consejero nombrado por su grupo en la empresa municipal de la vivienda del municipio, Florentino González de la Blanca, por los delitos, entre otros, de cohecho y tráfico de influencias. Las acusaciones del PP se refieren a la adjudicación de la gestión de las viviendas protegidas del municipio a Rosa Luxemburgo, una empresa de la que tanto Florentino González como la hermana de Martínez eran accionistas.

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'Una invención política'

Cuando en el año 1999 un pacto de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida entregó las llaves del Ayuntamiento a las dos formaciones, el nuevo equipo de gobierno se puso como objetivo prioritario la construcción, por vez primera en el municipio, de viviendas protegidas. Un objetivo que ha colocado ahora a Esperanza Martínez (IU), primera teniente de alcalde del municipio, a su esposo y al consejero nombrado por ella en la empresa municipal del suelo y la vivienda (EMSV), el arquitecto Florentino González, ante una querella por cinco delitos interpuesta por el Partido Popular.

Según los populares, la adjudicación del concurso para la gestión de las viviendas protegidas de Algete a la empresa Rosa Luxemburgo en mayo de 2001 fue 'fraudulenta, irregular y muy poco ética', en palabras de Inmaculada Juárez, portavoz del grupo popular en el municipio.

'Comenzando por la misma adjudicación del concurso, porque ¿para qué crean en febrero de 2000 una empresa municipal de la vivienda, encargada de la promoción de la vivienda en Algete, para encargarle su trabajo a otra empresa un año después?', se pregunta Juárez.

El consejero del PP en la EMSV, sin embargo, votó a favor en mayo de 2001 de la adjudicación de la gestión (localizar empresas de construcción y supervisar el trabajo, entre otras cosas) a Rosa Luxemburgo, una empresa creada en 1989 y con una 'gran trayectoria', según Martínez, que cobraría unos 336.000 euros (56 millones de pesetas) por el servicio. 'Entonces no sabíamos nada de la vinculación de Florentino González y de la familia de Esperanza Martínez con Rosa Luxenburgo', alega Juárez.

Una vinculación que, tras la adjudicación, revelaría la propia Esperanza Martínez en una nota de prensa. Los documentos revelaron entonces que tanto la hermana de Martínez como el propio Florentino González, nombrado por la primera teniente de alcalde como representante de IU en la EMSV y encargado, por tanto, de elaborar el pliego de condiciones del concurso y de decidir la adjudicación, eran accionistas de la empresa ganadora: Rosa Luxemburgo. También lo fue entre enero y mayo de 2000 el marido de Esperanza Martínez, Enrique Durán, pero vendió las acciones un año antes de la adjudicación y por el mismo precio que las compró, según revelan certificaciones oficiales. Enrique Durán trabaja además desde hace nueve años en Rosa Luxemburgo como contable.

Participación

Florentino González, según el PP, ocultó durante todo el proceso de adjudicación su participación en el accionariado de Rosa Luxemburgo y no lo reveló cuando se estaban redactando las condiciones de participación en el concurso, en las que él 'participó muy activamente', según Rosa Solá, consejera del Partido Regionalista de Madrid (PRIM) en la EMSV.

El PP le acusa por ello de empleo de información privilegiada. González no participó en la votación de la adjudicación del concurso, según consta en las actas de la EMSV, que resultó favorable a Rosa Luxemburgo, pero no por que se abstuviera, sino porque 'no pudo ir', según explica Rosa Solá.

Cuando se reveló la relación de González con la empresa ganadora, hubo una nueva votación que llevó a un empate. Fue el voto dirimente de la presidenta de la EMSV, Juana Llorente, el que decidió la cuestión de nuevo a favor de Rosa Luxemburgo. 'Sólo se votó otra vez, en lugar de rehacer todo el proceso que estaba viciado por la presencia de Florentino González', recuerda Juárez.

Tras las críticas de la oposición, formada por el PP y el PRIM, Florentino González presentó su renuncia como consejero, pero Esperanza Martínez le ratificó en su cargo, como ella misma reconoce. 'Era una persona válida para el trabajo, ya había vendido sus acciones en Rosa Luxemburgo y, en cualquier caso, su participación en el accionariado de la empresa era del 1% y por lo tanto no estaba obligado a abstenerse en el proceso'.

Un informe jurídico encargado por IU determinaba, sin embargo, que González tenía 'interés en el asunto' y que, por ello, debía abstenerse en los temas que afectaran a Rosa Luxemburgo. Una abstención a la que, sin embargo, no estaba obligado en relación con la 'ejecución de los acuerdos', según el informe.

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