La fiscalía estudia el contenido delictivo de los pagos destinados a Hugo Chávez

El fiscal David Martínez había solicitado al juez la declaración de José Ignacio Goirigolzarri en calidad de imputado a raíz de las operaciones denunciadas por el testigo protegido, el ex ejecutivo del BBV en Puerto Rico Nelson Rodríguez. El juez Garzón rechazó en el mes de abril la petición, aunque escribió la coletilla 'por ahora'. Sin embargo, la citación de Goirigolzarri se alejaba en el horizonte a medida que la pata latinoamericana del caso BBV se ha ido descafeinando. El propio juez desvalorizó en un auto las acusaciones del testigo protegido, quien, por otra parte, se encuentra ahora en prisión.

Cuando se consolidaba esta situación, ha surgido una situación accidental. Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado del BBVA, declaró el viernes 7, al ser preguntado por los pagos a Hugo Chávez en Venezuela, que él no los conoció y que no tuvo conocimiento de que su subordinado, el entonces director general de banca América, José Ignacio Goirigolzarri, tampoco tenía porqué saberlo. Uriarte explicó que el banco local, en este caso el Banco Provincial de Venezuela, y su presidente ejecutivo de la época, Juan Carlos Zorilla, era quien planteaba las 'cuestiones institucionales' al área de presidencia (Emilio Ybarra).

Goirigolzarri, apoyado por los letrados del BBVA, envió 11 días más tarde, el martes pasado, día 18 de junio, en la mañana que declaraba por primera vez Emilio Ybarra, una carta al juez en la que admitía haber tenido conocimiento de la petición de los pagos a Hugo Chávez tanto en diciembre de 1998 como en julio de 1999. Según reconocía, había trasladado la petición tanto a Uriarte como a Ybarra, quien ordenó realizar los pagos.

Fuentes solventes señalaron a este periódico que el BBVA y Goirigolzarri temían que Ybarra, en su declaración, pudiera recordar el hecho ante Garzón.

Otra de las razones para enviar la carta era la situación de Juan Carlos Zorilla, ex presidente ejecutivo del Banco Provincial de Venezuela y actualmente director general de banca mayorista en América, con base en Madrid. Si, como es previsible, Zorilla es llamado a declarar ante el juez, al narrar los hechos daría cuenta de sus relaciones con la cúpula del BBV y sobre la petición de pagos a Hugo Chávez que elevó a Gorigolzarri en el último trimestre de 1998.

El hecho es que Ybarra, en un gesto de asumir todas las responsabilidades, dijo el pasado martes 18, a preguntas del juez, que no recordaba quién le había planteado el tema de los pagos. Fue entonces cuando Garzón sacó a relucir la carta que acababa de recibir de Goirigolzarri vía Gonzalo Rodríguez Mourullo, letrado del BBVA. El fiscal Martínez no consideró, según fuentes solventes, que la carta de Goirigolzarri debía ser un motivo para hacerle comparecer de inmediato. El fiscal, como ya ocurriera en el caso de Goirigolzarri con las operaciones de América Latina, estima que para atenerse a preguntas de carácter incriminatorio una persona debe estar asistida de sus derechos y ser citado, si existen indicios para ello, en calidad de imputado, habida cuenta de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Fuentes solventes dijeron que la carta de Goirigolzarri no llevó al fiscal Martínez a proponer la citación, ahora, de Goirigolzarri. Ni como testigo ni como imputado.

La Fiscalía Anticorrupción, en una primera aproximación a los pagos destinados a Chávez, estima, según fuentes consultadas, que existirían elementos para considerar indiciariamente la operación como una modalidad de cohecho de un particular a funcionario público. Asimismo,tras estudiar la ley de financiación de partidos políticos en Venezuela, la fiscalía tampoco descarta que los pagos podrían tener una implicación delictiva en dicho país. Un aspecto que aún está por reconstruir es toda la mecánica de los dos pagos, desde Jersey, a través de los trusts, a la sociedad Concertina, NV, beneficiaria de los 1,5 millones de dólares.