Hora de diálogo
El gobierno acogió la sugerencia hecha por La República y envió a Arequipa una comisión negociadora de alto nivel presidida por monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por el padre Gastón Garatea, el doctor Jorge Santistevan de Noriega y los ministros de Relaciones Exteriores, Educación, Defensa e Industria.
Por desgracia, ya desde el primer momento en que la Comisión se dirigía al Colegio San José para dar inicio a su delicada misión comenzaron los problemas. En primer lugar, el bus en el que viajaban los comisionados fue apedreado por vándalos que evidenciaron así sus tendencias violentistas. En segundo lugar, el alcalde de Arequipa, doctor Juan Manuel Guillén, renunció inicialmente a encabezar la delegación mistiana y se hizo representar.
Pero no es momento de detenerse en estas formalidades. Cabe sí preguntarse si el diálogo es posible cuando de ambos lados aparece sometido a condiciones. Del lado del alcalde Guillén éstas son tres: suspender la privatización de Egasa y Egesur, levantar el estado de emergencia y desagraviar al pueblo arequipeño, vejado por los ministros Olivera y Rospigliosi.
Pero del lado del gobierno también aparece un condicionamiento que puede llevar el diálogo a un callejón sin salida: no tocar el asunto de la privatización de Egasa y Egesur, que para el Ejecutivo y sus asesores neoliberales es un hecho consumado. Creemos que toda condición previa dificulta que las partes puedan entenderse y que una negociación es un intercambio de concesiones, sin lo cual no hay acuerdo posible.
Por lo demás, no es cierto que la privatización de Egasa y Egesur sea un asunto sacramentado. El caso está pendiente de un fallo judicial que el gobierno se ha comprometido a acatar y que podría retornar las cosas a fojas cero. Desde aquí creemos que hay razones para anular esta malhadada privatización y lo hemos dicho: la primera es que se trata de un remate con un único postor, lo cual desnaturaliza el objetivo de premiar la mejor oferta; la segunda es que Tractebel está siendo investigada por el Congreso y la Fiscalía por un presunto soborno.(...)
Existen razones de fondo que obligan a replantear todo el proceso de privatización y es que éste es rechazado por la inmensa mayoría de los peruanos (66% en Lima y más del 80% en provincias). Tal como lo afirmamos ayer, la privatización no forma parte del sentido común ciudadano, que la considera perjudicial al interés nacional y fuente de corrupción, tal como ocurrió bajo el fujimontesinismo.
La República no es contraria a la privatización, pero sí al modelo vertical y desnacionalizador practicado por la dictadura y reiterado en este caso. Hay otras formas de privatizar, y el Estado deberá persuadir a la ciudadanía de que son necesarias. Pero eso vendrá después: ahora lo que interesa es resolver la protesta del sur, y para ello nada mejor que negociar con buena voluntad, sin condiciones y sabiendo reconocer errores. Y sobre todo, corregirlos.
Lima, 19 de junio
