El Gobierno niega a los funcionarios el permiso de paternidad a tiempo parcial

Los funcionarios públicos carecen del derecho a disfrutar el permiso de paternidad a tiempo parcial. El Gobierno aprobó ese permiso a finales de 2001 en un real decreto cuyo objetivo era 'potenciar que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo' sin que la maternidad 'suponga un obstáculo en su promoción profesional', según afirmó entonces el titular de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) deniega este derecho a los funcionarios y argumenta para ello que el real decreto excluye de esta posibilidad a los dos millones de empleados públicos.

La primera aplicación 'directa y práctica' -en palabras del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio- del Plan Integral de Apoyo a la Familia excluye a buena parte de los trabajadores, en concreto a más de dos millones de funcionarios estatales, autonómicos y locales. Así lo entiende el Ministerio de Administraciones Públicas, que ha llegado a denegar por escrito la posibilidad de que los empleados públicos se beneficien del permiso de maternidad a tiempo parcial, en vigor desde finales de 2001.

El pasado mayo, Administraciones Públicas envió al Gobierno del Principado de Asturias un escrito en el que aseguraba que el disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial 'no es aplicable al personal funcionario'. El Ejecutivo autonómico había formulado esa consulta tras la petición de una funcionaria que acababa de ser madre.

Conciliar trabajo y bebé

Esa limitación no se dejó traslucir el pasado 16 de noviembre, cuando el Gobierno dio el visto bueno a un primer real decreto que desarrollaba el Plan Integral de Apoyo a la Familia, aprobado la semana anterior como una de las iniciativas estrella del Ejecutivo del PP.

La nueva normativa recogía, entre otras cosas, la posibilidad de disfrutar de 10 de las 16 semanas de descanso de maternidad retribuido a tiempo parcial. Ello permite que, tras las seis semanas posparto de descanso obligatorio, la madre trabajadora pueda optar por quedarse en casa otras 10 semanas o reincorporarse al trabajo a media jornada durante 20 semanas. Esta medida está pensada para compatibilizar la vida familiar y la laboral, según destacó entonces el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Busca evitar la desvinculación respecto al empleo mientras se atiende al bebé.

De todas formas, el permiso de maternidad a tiempo parcial no nació como un derecho automático. El real decreto establece que para el disfrute de esa posibilidad es 'imprescindible el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador afectado'. El padre también puede solicitarlo, ya que tiene derecho a disfrutar de 10 de las 16 semanas de maternidad si se las cede la madre trabajadora. En cualquier caso, el ejercicio de la maternidad a tiempo parcial es incompatible con otros derechos como el permiso de lactancia, señala la nueva normativa.

Según el Ministerio de Administraciones Públicas, los más de dos millones de funcionarios quedan excluidos de la posibilidad de compatibilizar el permiso de maternidad y el trabajo a tiempo parcial. Argumenta una razón sencilla: al referirse a esa posibilidad, el real decreto elaborado por Trabajo y Asuntos Sociales sólo alude al Estatuto de los Trabajadores, y no menciona a los empleados públicos. Éstos se rigen por la ley de reforma de la función pública de 1988, matiza un portavoz del MAP. El real decreto sí menciona a los funcionarios en otros artículos referidos a distintas cuestiones.

Una portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales asegura que no se ha omitido deliberadamente a los funcionarios en el texto. Afirma que es Administraciones Públicas quien debe regular ese derecho para los empleados públicos. En el MAP tienen algunas dudas al respecto, pero se muestran abiertos a 'hablar con los sindicatos' sobre la posibilidad de extender a los funcionarios un derecho que -recalcan- Asuntos Sociales sólo ha legislado para el resto de los trabajadores.

Agravio y discriminación

Los sindicatos, por su parte, acogen con estupor la restricción a los funcionarios. 'Ese real decreto los discrimina. Hay que corregirlo y lograr también que la posibilidad de compatibilizar el permiso de maternidad y el trabajo sea un derecho automático de los trabajadores aunque la empresa no esté de acuerdo', asegura María del Prado Bautista, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Está convencida de que que la exclusión de los funcionarios en ese punto no fue 'un olvido', sino algo 'deliberado'.

La responsable de Igualdad de la Mujer en la Federación de Administraciones Públicas de CC OO en Cataluña, Lidia Sandalinas, se muestra sorprendida por la restricción, máxime cuando el Gobierno catalán acaba de establecer para los funcionarios autonómicos y locales una subvención para que puedan trabajar a jornada reducida en el primer año de vida de un hijo sin merma de su salario. 'El real decreto de Trabajo y Asuntos Sociales debe ser aplicable a los funcionarios igual que al resto de los trabajadores. En caso contrario, iniciaremos una campaña', asegura Sandalinas.

'Esto es un agravio', considera Avelino Montes, miembro del comité ejecutivo nacional de la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF). 'Para que los funcionarios pudieran disfrutar de la maternidad a tiempo parcial, habría bastado con que se les citara en ese punto, igual que se hace en otros apartados del mismo real decreto', añade.

A estas alturas, la funcionaria del Principado de Asturias a la que se denegó la posibilidad de compatibilizar el permiso de maternidad con el trabajo a tiempo parcial, lamenta escéptica: 'Lanzan a los cuatro vientos esas maravillosas medidas que 'pretenden potenciar el reparto de responsabilidades' y que 'las mujeres mantengan vinculación con el puesto de trabajo', pero es la propia Administración la que se niega a aplicarlas'. La trabajadora, que pide silenciar su identidad, deplora, además, que la negativa le haya impedido prolongar la lactancia natural de su bebé.