Accionistas defraudados

El debate sobre el desvalimiento de los pequeños accionistas en el mercado español de acciones está en la calle, y no por casualidad. Los dos grandes bancos españoles acaban de obtener enormes beneficios de la venta de sus respectivos paquetes de control en empresas constructoras, sin que el resto de los accionistas saquen ganancia alguna de ese cambio de accionista de referencia. Ello ha sido posible porque los paquetes vendidos se aproximaban, pero no superaban, el 25% del capital, por lo que no ha sido de aplicación la obligación de los compradores de lanzar una OPA.

Tales operaciones son legales, por supuesto. El vendedor obtiene un precio muy superior a la cotización de sus acciones en Bolsa porque entrega el valor extra del dominio accionarial de la empresa, mientras que los compradores, aunque paguen por encima del precio del mercado, logran el dominio de las empresas pagando menos de la cuarta parte del capital total y, además, no tienen que someterse a las exigencias de una subasta transparente y abierta. Que sean legales no significa que sean convenientes. En países con mayor tradición de respeto al accionista y con reguladores rigurosos, operaciones como las mencionadas habrían dado lugar a intervenciones de las autoridades financieras. En España, la respuesta ha consistido en abrir una discusión pública sobre la oportunidad de cambiar la Ley de OPA, reduciendo los límites a partir de los cuales es necesario presentar una oferta pública de compra. El Gobierno se ha apresurado a respaldar la idea, a la vez que en el mercado de rumores empieza a cotizar al alza la idea de que los bancos vendedores conocían la intención del Gobierno de endurecer la ley, y por ello se han apresurado a vender rápidamente las participaciones.

Por supuesto que hay que cambiar la Ley de OPA para evitar algunas distorsiones que perjudican a los accionistas menos poderosos u organizados. La modificación de los límites y condiciones para lanzar una OPA sería uno de esos cambios necesarios; conceder a las autoridades de la competencia o al regulador del mercado (CNMV) la facultad de examinar y dictaminar las operaciones que impliquen variaciones en el control de una empresa, sería otro; e impedir los blindajes accionariales abusivos o las limitaciones grotescas del derecho de voto, uno de los más urgentes.

Pero ninguna ley se aplica con eficacia si los agentes implicados no toman conciencia de sus derechos y obligaciones. Los accionistas tienen que exigir que los consejeros independientes de las empresas representen y defiendan sus derechos, en lugar de actuar como simples asalariados de los directivos, y reclamar que las ofertas de compra sean universales y transparentes. Si consideran que los supuestos consejeros independientes no cumplen sus funciones o que las operaciones de compraventa les perjudican, tienen que prepararse para acudir a los tribunales de justicia. Quizá los jueces españoles no tengan todavía la sensibilidad y la preparación suficientes para arbitrar conflictos de cierta complejidad económica. Pero parece preferible el riesgo de una mala sentencia a la inercia del abuso permanente.