Tiempos de ruptura

La conjunción de movimientos estimulados desde el conjunto del nacionalismo vasco indican la voluntad de acercar en el tiempo la estrategia de un proceso de ruptura institucional con el Estado. Los pasos tácticos dados desde el Pacto de Estella hasta ahora pueden estar sujetos a improvisaciones y vaivenes, pero la voluntad estratégica del nacionalismo vasco es lo suficientemente explícita y evidente como para dudar, o pensar, que todo obedece a amagos, pero no a ese objetivo final. En este sentido, el que hayan salido indemnes de coste político con el papel desempeñado con la negociación del Concierto Económico debiera hacer reflexionar con la imperiosa necesidad de que el Estado rentabilice políticamente lo que se ha definido como 'los costes de la No-España'. El riesgo del empobrecimiento de la sociedad vasca, en el caso de que llegue a materializarse la política rupturista del nacionalismo, no está activado como estímulo electoral para las decisiones de los ciudadanos.

Los pasos dados están sujetos a improvisaciones o vaivenes, pero la voluntad estratégica del nacionalismo es evidente

En los últimos días se han activado al unísono varios grupos sociales, en sintonía con las posiciones del Gobierno

Para cualquier analista resultaría chocante comprobar cómo los enormes fondos que se canalizan para alterar el marco constitucional se financian a través del Concierto Económico por el propio Estado sin que se activen, aparentemente, políticas correctoras. Máxime, cuando la alteración del juego democrático institucional están siendo realizadas unilateralmente por parte de los coyunturales (aunque ellos se crean por derecho permanentes) gestores de las instituciones autonómicas.

No parece razonable tan poco coste político de quien, en una especie de autogolpismo, subvierte el marco institucional al que debe su propia existencia política. Sólo se explica desde la propia actitud débil e inconsecuente del Estado. Y no hay ningún dato que avale que una actitud más firme y resuelta en la aplicación de la ley fuera menos razonable para la ciudadanía desde la óptica de una más eficaz política pedagógica, desde la opción de la defensa de la libertad, la pluralidad y la salud social democrática, tan alterada no sólo por el nacionalismo terrorista, sino por todo el nacionalismo en su conjunto.

En los últimos días se han producido datos para tener en cuenta: la posición de los obispos vascos, coincidente con las posiciones del PNV, la de los más de trescientos sacerdotes con las de Batasuna, el activismo de la plataforma Elkarri, el retorno a posiciones de vanguardia política para el proyecto secesionista por parte de ELA, la salida a escena de algunos grupos de personalidades catalanas, vascas y de Madrid en tesis tercerviarias similares a las de Elkarri, de utilizar el terrorismo de ETA como soporte argumental para negociar el proyecto nacionalista de superación del marco jurídico-político, estimulando el proceso secesionista. Todos estos sectores se han activado al unísono, en sintonía con gran parte de las posiciones de los partidos del Gobierno nacionalista, incluída IU, y que llevarán a la ponencia de la Comisión Especial de Autogobierno del Parlamento vasco.

El desfile de las últimas personas que han pasado por esa Comisión, incluído un nacionalista vasco francés, indica que el contenido de lo que se llevará a posteriormente al pleno del Parlamento, aun con la posibilidad de algunas cautelas, irá en el sentido de aprobar 'la necesidad de superación del marco jurídico-político actual'. La realidad de la falta de libertad de los constitucionalistas, la impunidad de los nacionalistas en su intento de asegurar para siempre su concepción patrimonial de país serán transformadas por el marketing político en 'insatisfacción social' con el marco jurídico-político actual,que no permite a los vascos/as (sic) ser lo que lo que los vascos/as quieran ser.

El juego de preferir el acuerdo de Stormont al Estatuto de Gernika, como decía Xabier Arzalluz, pero sin renunciar a las prebendas del Estatuto y a una aplicación del mismo orientado a su superación en la dirección secesionista, debería acabarse. Y es al Estado democrático de Derecho al que le corresponde esa responsabilidad.