Un registro público informará de las emisiones industriales

El Congreso aprobó ayer la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, que obligará a unas 4.000 empresas a declarar y limitar sus emisiones y vertidos. La norma, que llega con dos años de retraso respecto al calendario comunitario, establece que para 2003 todas las autonomías tengan un registro público abierto a los ciudadanos donde consten las emisiones de cada empresa. También impone una ventanilla única autonómica para la gestión de permisos de actividades contaminantes y acorta los trámites para estas gestiones.

Las 4.000 empresas a las que afecta la ley tienen hasta 2007 para adaptarse a las exigencias del texto. Para ello, deberán invertir 6.000 millones de euros en reducir sus emisiones a base de utilizar las tecnologías menos nocivas para el medio. La portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, afirmó que 'por primera vez, una ley mejorará la calidad de la atmósfera y las aguas desde la prevención'. El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, aseguró que la aplicación de la ley supondrá 'disminuir en siete años un 3% el nivel de emisiones, lo que supone 12 millones de toneladas de CO2', informa Europa Press.

La ley dispone que las empresas tienen la obligación de facilitar el volumen de sustancias contaminantes que emiten. Las comunidades autónomas habrán de recoger los datos y transmitirlos al Ministerio de Medio Ambiente. El registro será público y tiene que estar listo en 2003. Así, todo el mundo podrá conocer las emisiones de la planta de su municipio o de su barrio. Los compuestos que tienen que figurar obligatoriamente son: azufre, nitrógeno, carbono, metales, polvos, amianto, dioxinas, entre otros. No tendrán que cumplir la ley las instalaciones utilizadas en investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Víctor Morlán, dudó de que el registro vaya a estar listo en 2003. Aseguró: 'Cuando se complete, nos vamos a llevar más de un susto por el nivel de emisiones'. También criticó la falta de dotación presupuestaria de la ley y que los dos años de retraso con la que llega suponen, a su juicio, una carga extra para las empresas españolas, porque tendrán menos tiempo para adaptarse que las empresas europeas.

España ha sido el último país industrial europeo en adaptar la directiva Integrated Pollution Prevention and Controll (IPPC). Sólo faltan la Región valona de Bélgica, Grecia, Luxemburgo e Irlanda del Norte. Cataluña y País Vasco ya tienen reglamentación sobre el control de emisiones. Las comunidades Autónomas tienen competencias en materia medioambiental.

La ley establece que serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar una ventanilla única para atender a las empresas y darles los permisos medioambientales. Tendrán que coordinarse con ayuntamientos, confederaciones hidrográficas, y la administración central. Cuando una empresa solicite la apertura, no tendrá que esperar durante años, como ocurre ahora. En diez meses tendrá que conocer la respuesta. De no ser así se entiende que se autoriza. El PSOE votó ayer en contra, pese a que durante la tramitación había apoyado la ley. Morlán justificó el voto de su grupo por las modificaciones introducidas por el PP en el Senado.