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LA HUELGA GENERAL DEL 20-J

El PP se queda solo en la aprobación del 'decretazo' por el Congreso

El PSOE advierte a Aznar de que esa soledad se repetirá el 20-J si no da marcha atrás y dialoga

El decretazo se aprobó ayer en el Congreso con el único apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular. Todos los grupos de la oposición parlamentaria reprocharon al Gobierno de José María Aznar la 'soberbia', 'autoritarismo' y 'cinismo' que ha aplicado 'contra los más débiles' en su reforma laboral. Los dos socios habituales del Gobierno, CiU y Coalición Canaria, se sumaron a las críticas y se abstuvieron en la convalidación del decreto-ley, que se tramitará como ley tras el verano. El PSOE pronosticó que la soledad que ayer vivió el PP se repetirá el 20-J si el Gobierno no da marcha atrás y dialoga.

"Ha hecho falta más diálogo y mejor", espetó al Gobierno su socio más fiel, Coalición Canaria. Su diputado José Carlos Mauricio preguntó: "¿Qué necesidad había para meterse en este decreto?". "El Ejecutivo, desde el primer momento, no ha optado por buscar de verdad este acuerdo", diagnosticó CiU, principal aliado del PP. Carles Campuzano, diputado de CiU, argumentó que "desde el 23 de mayo, el Gobierno se ha mantenido tozudo, y sus actuaciones y declaraciones no han ayudado a tranquilizar a la opinión pública, sino todo lo contrario".

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, escuchó críticas más aceradas del resto de partidos. El PNV le recriminó el "deterioro gratuito de su capacidad de diálogo", e Iñaki Txueka responsabilizó al Gabinete de haber "forzado a los sindicatos a convocar las huelgas generales del 19 y el 20" de junio.

Esa radical contestación de los sindicatos "ya había sido prevista", según Izquierda Unida, por Aznar. "Han aceptado el riesgo, querían ese riesgo, querían doblarle el pulso a los sindicatos", le espetó Gaspar Llamazares, porque "se les ha atragantado la mayoría absoluta".

El PSOE pronosticó que esta forma de actuar tendrá una segura consecuencia: "Hoy se quedarán aquí solos en esta Cámara; el 20-J se quedarán solos en el país". Jordi Sevilla, portavoz económico del PSOE, resumió el decretazo como un "trágala y un golpe contra los parados, a los que se acusa de tener el chollo de cobrar prestaciones".

Víctimas y no culpables

Tras los reproches a las formas "autoritarias", "soberbias" y "cínicas" que, según todos los grupos, ha desplegado el Gabinete de José María Aznar para poner en marcha esta reforma, llegaron las críticas al contenido del decretazo. "Un parado es una víctima, no un culpable", subrayó el diputado de CiU. Desde el PSOE, Sevilla apostilló: "Intentar vender estos recortes como una mejora para los trabajadores y desempleados tiene la misma credibilidad que [Jean Marie] Le Pen cuando dice que él no es racista: ninguna".

Pese a esta catarata de ataques, el ministro de Trabajo defendió la bondad de su reforma, y reiteró que "no cabe hablar de recorte de derechos y de prestaciones, por más que se empeñen quienes pusieron en marcha medidas de este tipo en los años 90", en una nueva alusión a los "recortes" de las reformas laborales que aprobaron los socialistas.

Aparicio acusó a los grupos parlamentarios que emitieron las afirmaciones más duras de estar "alentando el conflicto" y de actuar como "piquetes informativos" de la huelga. Y a sus socios de CiU y Coalición Canaria les advirtió muy severamente: "Aquí no valen equidistancias". El Gobierno confiaba en que CiU y CC votasen finalmente a favor de una norma que logró 169 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones.

Según Aparicio, el decreto-ley contiene mejoras para "300.000 mujeres que tendrán oportunidades de empleo, 140.000 mayores de 52 años que podrán incorporarse al mercado de trabajo haciendo compatible salario y subsidio, 200.000 parados del campo a los que se da derecho a cobertura"; a lo que sumó "ayudas públicas para fomentar la movilidad geográfica".

Estos efectos de la reforma son "simples mentiras" para la oposición, "plasmadas", según Sevilla, en la campaña publicitaria del Ejecutivo en defensa del decretazo. "¿Ustedes creen que los sindicatos se han vuelto locos y que los trabajadores van a ir a la huelga porque se les mejora?", le inquirió Joan Saura, del Grupo Mixto. El andalucista Manuel Núñez, bromeó: "¡Mira que la gente es complicada, anda que no dejarse mejorar por el Gobierno!".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de junio de 2002