El fiscal rechaza la querella del PP en el 'caso BBV' por 'manifiesto fraude de ley'

El fiscal David Martínez ha propuesto al juez Baltasar Garzón desestimar la querella presentada por el Partido Popular en el caso BBV porque la representación procesal del PP 'infringiendo las reglas de buena fe procesal y con manifiesto fraude de ley, intenta confundir al juez para atraer a esta causa hechos manifiestamente ajenos a la misma que son objeto de otros procedimientos'. El fiscal recomienda admitir la personación en la causa de otras entidades. Pide también diligencias sobre presuntos fraudes fiscales de varias empresas y en la compra de Probursa de México por parte del BBV.

La Fiscalía Anticorrupción ya había anticipado su oposición a la pretensión del Partido Popular de ejercer mediante querella la acción popular. En su escrito al juez, de fecha 8 de junio, el fiscal señala que la querella presentada 'resulta absolutamente imprecisa e indeterminada en relación con las personas contra las que se interpone'.

Pero, aparte de la inconsistencia técnica de la misma, el fiscal aborda el alcance político de la acción del Partido Popular. Advierte de que 'posiblemente el querellante acuda al proceso penal sin haber agotado los medios que como formación política tiene a su alcance para realizar aquellas investigaciones que serían oportunas en el ámbito específico de su actividad política'. En otros términos, se está aludiendo al hecho de que ha sido el PP, precisamente, quien bloqueó la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre las cuentas secretas del BBV.

El escrito señala que los hechos descritos en la querella presentada por el PP nada tienen que ver con la investigación en el caso BBV. 'Los hechos [de la querella del PP] se centran en las operaciones de la sociedad Foxglove a través de la cuenta BBVA Privanza Bank ( Jersey) Ltd. El querellante resalta la función de Foxglove en el circuito de presuntas comisiones producidas por la adjudicación de obras y contratos en el periodo 1988 a 1993 (los contratos de la Expo 92 y de la construcción del AVE Madrid Sevilla)'. Sobre esto, el fiscal añade: 'Sabe perfectamente el querellante que los hechos que menciona o han sido juzgados por la causa especial 880/91 del Tribunal Supremo o están siendo actualmente objeto de investigación en las diligencias previas 3037/94 del juzgado de instrucción Nº 39 de Madrid'.

El fiscal sostiene que la querella presentada por el PP entra dentro de lo que el Tribunal Constitucional ha calificado de 'abuso en el ejercicio de la acción popular'. Concluye, pues, que 'ante el ejercicio de la acción penal con una finalidad estrictamente política, que nada tiene que ver con la instrucción objetiva del proceso, el querellante queda deslegitimado como titular de la acción popular y en consecuencia debe inadmitirse la querella y rechazarse la personación pretendida'. Al mismo tiempo, el escrito apoya la personación de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de CC OO, y otras entidades.

El fiscal propone, asimismo, unir a las actuaciones la denuncia formulada en el juzgado central de instrucción Nº 5 de Nicolás Ucelay Sabina, en relación con un posible fraude fiscal a través de dos sociedades que habrían operado con Bilbao International Bank of Jersey Management Ltd y otras entidades vinculadas. Otras diligencias solicitadas se refieren a la sociedad Gentar SA y Equipos Industriales de Manutención, donde se ha advertido la presencia de personas relacionadas directa o indirectamente con Canal Trust Company, filial del BBVA Privanza Jersey Ltd.

El escrito añade varias diligencias en relación con la operación de compra del banco mexicano Mercantil Probursa por parte del BBV y su trascendencia fiscal. Para ello, el fiscal solicita al juez que se pida a la Agencia Tributaria copia certificada de las declaraciones del impuesto de sociedades del BBV correspondientes a los años 1995 a 2000 y diversos documentos al BBVA sobre la operación. El fiscal se apoya para ello en una serie de notas internas del Banco de España sobre la operación aportadas al juzgado. Con todo, reconoce que el banco central ha autorizado la operación 'con las reservas lógicas a la naturaleza de la función que desempeña'.

Asimismo, el fiscal propone quitar de la lista de consejeros a oir como imputados por un presunto delito societario de falsedad de las cuentas del BBV entre 1996 y 1999 a Manuel Clavero Arévalo y José Aureliano Recio por no aparecer como firmantes de las mismas.

Finalmente, el fiscal se opone a desbloquear 10 millones de euros pertenecientes a BBVA Privanza (Jersey) Ltd en relación con una operación de blanqueo de dinero comunicada por Alemania.