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LA HUELGA GENERAL DEL 20-J

Las autonomías socialistas amenazan con devolver las competencias de empleo

La nueva ley de Trabajo subleva a las comunidades del PSOE y Euskadi

Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Extremadura, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón) y Euskadi (con Ejecutivo del PNV) amenazaron ayer con renunciar a las competencias de empleo o devolver las que ya las tienen transferidas. Ese mensaje fue lanzado en el curso de una reunión del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con los consejeros de las 17 autonomías para abordar el anteproyecto de Ley de Empleo que se pone en marcha paralelamente a la reforma de la protección por desempleo.

El anteproyecto, que sustituirá a la Ley Básica de Empleo de 1980 para dar cobertura legal al papel de las comunidades en las políticas activas de empleo, deja a las autonomías, a juicio de los socialistas, un mero papel de 'gendarmes'. Serán 'unas ventanillas de ejecución de políticas del Gobierno central' y supondrá 'una patada al Estado de las autonomías', dicen en el PSOE.

Si ese texto sigue adelante, advirtieron responsables autonómicos de este partido, ellos tendrán que tomar 'decisiones muy duras' y plantearse 'devolver las competencias de empleo', según palabras de la consejera de Extremadura, Violeta Alejandre. Esa devolución se transformaría en renuncia en los casos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Euskadi, que no tienen todavía esas competencias transferidas.

Además de negar al Gobierno voluntad de diálogo, los representantes socialistas mostraron su malestar por la nueva negativa de Trabajo a abordar ayer la reforma del desempleo, detonante de la huelga general del 20 de junio, que ellos querían incluir en el orden del día. El consejero de Baleares, Eberhard Grosske (IU), aseguró que no es comprensible que se soslaye un tema que es 'el centro del debate político y social de este país'.

La reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales deja una vez más solo al Gobierno con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Tampoco se produjo un acuerdo con Catalunya, donde gobierna CiU, ni Canarias, dominada por CC, que ven avances respecto al texto anterior pero creen que 'es insuficiente y no es respetuoso con las competencias de las comunidades', en opinión de Lluís Franco, representante de la Generalitat. Tanto él como Marcial Morales, consejero de Canarias, están dispuestos a proseguir el diálogo con la Administración central. Pero para avanzar reclama que la ley incluya 'una apuesta por la calidad del empleo y corregir los contenidos que suponen desconfianza hacia las comunidades'.

Para el ministro de Trabajo es positivo que una mayoría de comunidades -Cataluña y Canarias, más las ocho gobernadas por el PP- crean que 'el texto mejora el anterior y es una buena base de discusión'. Aparicio va a mantener abierta la línea de diálogo y la próxima semana habrá un nuevo encuentro. En cuanto a la amenaza de renunciar a las competencias lanzadas por los socialistas, aseguró que se trataría de 'una dejación de responsabilidades', similar a la del pasado 20 de mayo. Los socialistas abandonaron la sala mientras se abordaba la reforma del desempleo.

El hecho de que el anteproyecto de ley se haya enviado al Consejo Económico y Social (CES) para su dictamen no impide que se puedan recoger las aportaciones que hagan las comunidades.

[El Ejecutivo vasco dictó ayer un decreto de servicios mínimos que fija en un 20% la cobertura del transporte ordinario, con especial atención a los horarios de entrada y salida de los trabajos. El resto de sectores mantendrán la actividad de un día festivo. En Andalucía la reunión de ayer finalizó sin acuerdo y las negociaciones se reanudarán hoy].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002