El programa electoral socialista defiende mayor poder autonómico

El PSOE propone la participación de las autonomías en la elaboración de las leyes básicas del Estado, en los nombramientos de determinados órganos del Estado y en la delegación española ante el Consejo de la Unión Europea. En el borrador del Manifiesto del PSOE para las elecciones autonómicas, su dirección plantea que sea el Senado, como foro cooperativo de las autonomías, el órgano donde se cubran estas necesidades. También defiende el traspaso de las competencias sobre inmigrantes a las comunidades.

El borrador del Manifiesto socialista, coordinado por el responsable autonómico de la Ejecutiva Federal, Juan Fernando López Aguilar, apuesta por una mayor descentralización frente a la 'deriva antiautonomista' del Gobierno de José María Aznar y por una mayor participaciòn autonómica en la política del Estado en la elaboración de las leyes básicas que afectan a la sanidad, educación, medio ambiente y vivienda. También extiende dicha participación autonómica a los nombramientos de órganos del Estado como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de RTVE, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta Electoral Central, entre otros.

El borrador propone la reforma del Senado ante un Estado fuertemente descentralizado, como sede de la formación de la voluntad común en los asuntos que son competencia de las comunidades. 'La reforma del Senado es una condición para el buen funcionamiento de las autonomías y, por tanto, de la educación, la sanidad y el medio ambiente', señala el borrador. La participación de un representante autonómico en el Consejo de la Unión Europea y la asunción de las competencias pendientes de traspaso completan las propuestas relativas a la organización del Estado.

Otra de las claves del borrador del Manifiesto consiste en establecer en numerosas materias planes comunes de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado donde éste trace las líneas de una política y la financiación parcial de la misma, a cambio de que las comunidades autónomas se comprometan con su desarrollo y ejecución. 'Actualmente sucede lo contrario. Son las comunidades autónomas las que financian planes del Estado que no disponen de ninguna financiación, como ha sucedido con la Ley del Menor y otros tantos proyectos', precisa López Aguilar.

El borrador propone que los planes deberían materializarse en genuinos planes de modernización económica o fomento del empleo; en un plan común de prevención de drogodependencias que tenga como objetivo redefinir el papel del Plan Nacional de Drogas; un plan estatal de cooperación con las autonomías en políticas de cooperación al desarrollo, en ayudas de emergencia, definición de prioridades geográficas o política de comercio.

Estos planes, según añade el borrador, podrían ofrecer soluciones a los problemas suscitados en materia de competencia estatal, pero con un alto coste para las comunidades autónomas como la distribución de centros penitenciarios o la derivación de inmigrantes irregulares de los centros de internamiento de unas comunidades autónomas a otras.