La Generalitat admite que la doble facturación no motivó la intervención de L'Aliaça

La práctica de cargar al Servicio Catalán de la Salud (SCS) la atención sanitaria prestada en el hospital del Sagrat Cor a socios de L'Aliança no fue considerada uno de los 'hechos probados' que justificaron la intervención de la mutua por la Generalitat el pasado 14 de marzo. El informe en que se basó la intervención se sustenta en la situación financiera 'muy grave' de la entidad. Las inspecciones previas probaron el secreto a voces de que la doble cobertura existió bajo la gestión de Ramon Carranza, ex director general, pero también antes, cuando la Generalitat llevaba las riendas.

Un portavoz de Economía corroboró que 'la doble facturación no es un hecho comprobado, sino que se sigue investigando', y que 'el fin de la intervención ha sido proteger a los mutualistas y a los trabajadores de la mutua', vista su situación financiera. Sin embargo, los indicios de doble facturación fueron el eje del discurso del Gobierno catalán en la recta final de su pulso con los anteriores gestores de L'Aliança, a quienes acusaba de haberse apropiado de la entidad, y fue el pretexto de la inspección abierta el pasado febrero, que dio pie a que ahora sea la Generalitat la que controle la mutua.

El resumen de los inspectores en que se justificó la intervención, con fecha de 13 de marzo de 2002, sólo afirmaba que la doble cobertura aún estaba 'siendo investigada'. Este informe sí aportaba tres hechos probados considerados 'infracciones muy graves' a la ley de mutualidades, y con ellos se cargó de razón para actuar el consejero de Economía, Francesc Homs.

El primero, la 'dilación notoria y falta de tramitación de documentos relevantes para la inspección' por los anteriores gestores, que en su día las atribuyeron a la dificultad de procesar el enorme volumen de información requerida. La segunda infracción fue un déficit de margen de solvencia de 870 millones de pesetas y un déficit de fondo de garantía de 2.148 millones de pesetas.

Anomalías contrables

El tercer elemento por el que se justificó la intervención fueron las 'anomalías' contables de la mutua, irregularidades que se dan por ciertas pese a que el informe admite 'disparidad de posiciones' entre Sanidad y los anteriores gestores de L'Aliança sobre la interpretación de los compromisos asumidos por la Generalitat en el concierto que tenía con la mutua.

Además, fuera del informe, Economía y Sanidad subrayaron que no podían subvencionar más a una entidad que en 1997 y 1998 registró unos beneficios de explotación de 1.144 y 696 millones de pesetas, respectivamente, cifras que fuentes de la mutua rebajaron, en cambio, a 20 y 70 millones de pesetas.

'La Generalitat no actúa con transparencia', afirma la diputada de ICV Dolors Comas, tras constatar que la Generalitat también pasa de puntillas sobre la doble facturación en tres de las siete respuestas a sus preguntas parlamentarias sobre la inspección a L'Aliança. La principal referencia a ella es que 'las actuaciones y el resultado de éstas se podrán conocer cuando se formule la correspondiente acta de inspección y se sustancie, en su caso, el expediente sancionador'.

La decena de declaraciones de gestores pasados y presentes de hospitales de L'Aliança incluidas en el informe de la Subdirección General de Evaluación e Inspección de Asistencia Sanitaria de 7 de marzo de 2002 sobre la facturación al SCS de pacientes atendidos en su condición de mutualistas arroja luz sobre las contradicciones de la Generalitat para basarse en esta práctica para intervenir la mutua: se hizo en la etapa de Carranza, entre 1996 y 2002, pero también antes.

En particular, Pere Soley Bach, gerente del hospital central de L'Aliança de Sant Antoni Maria Claret entre 1990 y agosto de 1993, y de este hospital y del Sagrat Cor entre agosto de 1993 y julio de 1994, dice que al ocupar el puesto 'ya estaba establecido el sistema de facturación a la Seguridad Social de los enfermos que habían ido a los hospitales mencionados como mutualistas de L'Aliança'. Raimundo Belenes, gerente del Sagrat Cor y del hospital de Sant.Antoni Maria Claret entre septiembre de 1995 y octubre de 1996, contratado por Julio Villalobos para acabar con estas irregularidades, observó que sus instrucciones 'no se cumplían' y que era una práctica 'habitual' y 'masiva'.

En 1993 el ex consejero Xavier Trias también lo reconoció en el Parlament, igual que su sucesor Eduard Rius en 1996.