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Las eléctricas exigen al Gobierno 11.400 millones de euros pactados en 1997

La patronal Unesa presenta una reclamación patrimonial ante el Ministerio de la Presidencia

Las eléctricas han comenzado a librar un pulso con el Gobierno para cobrar, cuanto antes y en la mayor cuantía posible, las ayudas eléctricas (Costes de Transición a la Competencia) que pactaron en 1997 con el Ejecutivo por un importe máximo de 1,98 billones de pesetas (unos 12.000 millones de euros). La cantidad quedó en el aire a instancias de Bruselas, que, entre otras cosas, obligó al Gobierno a suprimir el recargo formal del 4,5% en el recibo de la luz. Para reforzar su posición, las empresas han presentado una reclamación patrimonial al Gobierno exigiendo todo el dinero que fue pactado en el año 1997.

La foto fija de la situación en torno a las famosas ayudas (denominadas el billón de las eléctricas) es en estos momentos la que sigue: de lo pactado por las empresas con el Ministerio de Industria en 1997 (1,9 billones), las compañías, según fuentes de la asociación patronal Unesa, han cobrado poco más de 300.000 millones; el cobro por adelantado de la mayor parte de las ayudas, acordado en 1999 a cambio de rebajar la cantidad total a cobrar en unos 250.000 millones, no se ha podido realizar; Bruselas obligó el pasado año al Gobierno a eliminar el 4,5% de recargo en el recibo de la luz adscrito al pago de las ayudas y el cobro de la totalidad de éstas por las compañías depende ahora de lo que suceda hasta el año 2010 en precios (las compañías no cobran ayudas si el precio del kilovatio supera las seis pesetas), tipos de interés y demanda.

El resultado de todo ello, en un momento de fuerte aumento de la demanda de energía, temor a los apagones, encarecimiento de las materias primas y negociaciones en torno a las inversiones que deben realizar las empresas para asegurar el suministro es que lo que estuvo asegurado en el año 1999 -el cobro por adelantado de la mayor parte de los CTC- ahora está completamente en el aire.

Por ello, las compañías, desde la más afectada, Endesa, hasta la última en llegar al club, Viesgo (vendida por Endesa a la italiana Enel), han diseñado una línea de trabajo común para plantear una reivindicación colectiva: las ayudas son un elemento imprescindible para la solvencia del sector y el Gobierno debe hacer honor a la palabra dada hace ya cinco años y asegurar el cobro de lo estipulado.

Línea común

Como señal de que el asunto es muy serio, las empresas, a través de la asociación patronal Unesa, presentaron la pasada semana una 'reclamación patrimonial' al Gobierno en la que exigen el reconocimiento del derecho a cobrar todo lo pactado en el año 1997 (1,9 billones de pesetas) y que fue modificado en los años 1999 (con rebaja, para cobrar por adelantado) y 2001 a instancias de Bruselas.

La reclamación, según han confirmado fuentes de Unesa y de las empresas, se ha tramitado ante Presidencia, que se encargará de desarrollar el expediente para elevarlo al Consejo de Ministros. El Gobierno deberá decidir si admite o no la reclamación.

Fuentes de Unesa han señalado que la reclamación, en cualquier caso, no tiene 'contenido político alguno' y se ha presentado por una razón simple: desde el punto de vista administrativo se cumplían los plazos hábiles para reclamar por la última modificación [en 2001] sufrida en la tramitación de las ayudas al sector. 'No tiene [la reclamación] carácter reivindicativo, sino la simple intención de que el asunto no prescriba, en previsión de lo que pueda ocurrir', señalan las mismas fuentes.

La negociación que pretenden abrir de nuevo las eléctricas con el Gobierno, además de delicada es muy compleja. Bruselas, tras una intensa discusión y prolijos estudios, sólo aceptó el pago de ayudas en unas condiciones muy alejadas de lo que las empresas pactaron en su día con el Ministerio de Industria.

Probablemente, cualquier modificación en favor de las tesis de las empresas obligaría de nuevo a la Comisión Europea a estudiar la legalidad de las ayudas.

En cualquier caso, las compañías están dispuestas a abrir el melón.

Desde las empresas se considera que el intenso debate público que se dio en torno a las ayudas eléctricas de 1997 en adelante ha trasladado a la opinión pública la idea, equivocada, de que las ayudas están prácticamente cobradas. El precio pagado en imagen, desde su punto de vista, no se corresponde con lo que realmente han obtenido en dinero contante y sonante y que, a meses de la liberalización total del mercado de la electricidad, consideran muy escaso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 2002