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La Ley de Extranjería deja en suspenso las becas de 50 estudiantes marroquíes

La Universidad granadina retiene las cartas de denegación en espera de un acuerdo

La aplicación de la Ley de Extranjería amenaza el futuro de medio centenar de estudiantes marroquíes que cursan, con ayuda de una beca del Ministerio de Educación y Cultura, estudios en la Universidad de Granada. Un cambio en la fórmula jurídica de su estancia en España ha sido utilizado por el citado ministerio para denegar la renovación de la ayuda. El vicerrectorado de Estudiantes de Granada se he resistido, sin embargo, a comunicar la decisión ministerial a los estudiantes con la esperanza de que se produzca un cambio de actitud, situación que se repite en la Universidad de Cádiz.

Además de la Ley de Extranjería, el conflicto diplomático entre España y Marruecos ha incidido negativamente entre otro grupo de estudiantes, los que recibían una beca de la Agencia del Cooperación con el Mundo Árabe, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este caso, las ayudas se convocaban anualmente previa firma de un acuerdo de cooperación entre los dos países. El correspondiente al año 2002 aún no ha sido suscrito y las becas, por tanto, no han sido convocadas.

Las ayudas de Educación y Cultura son las más numerosas. Nadir Kadi, presidente de la Asociación de Estudiantes Marroquíes de Granada, señaló que unos 50 beneficiarios de la ayuda corren el riesgo de perderla. Cuando en 2001 solicitaron la beca los estudiantes, a efectos legales, eran residentes temporales. La entrada en vigor de la Ley de Emigración los ha convertido en poseedores de un visado de estancia especial.

Este cambio, según Nadir Kadi, es la razón utilizada por el Ministerio de Educación y Cultura para rechazar en distintas universidades las peticiones. Curiosamente, la medida no ha afectado a la totalidad de los marroquíes que estudian becados en Granada sino aproximadamente a la mitad. Kadir dijo ayer que el derecho a la ayuda es fruto de un convenio internacional firmado en 1984 y su rango de aplicación 'es superior a cualquier normativa nacional'.

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