Internet, política y realidad

Las estadísticas europeas sitúan a España, con machacona reiteración, en el penúltimo lugar de los países de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de hogares con Internet (24,7%). Con estos datos, hay que revisar seriamente las políticas que pretenden empujar a nuestro país a entrar plenamente en la sociedad de la información. Políticas que van desde favorecer el I+D a diseñar el entorno económico, social, laboral de una sociedad informatizada. No basta con campañas de escaparate o con pensar que la realidad se transforma simplemente con una norma publicada en el BOE. Al ciudadano se le convencerá de que debe usar la tecnología no porque se le presente el encanto teórico de la misma o porque el BOE decrete su instalación. Se le convencerá cuando vea que le es útil, que le simplifica o mejora la vida.

Resulta mucho más efectivo para que el ciudadano se aliste a las nuevas tecnologías ver que puede hacer la declaración de la Renta por Internet, que puede consultar en línea los datos fiscales que tiene de él Hacienda y que cobra la devolución en cuatro días, que sermones políticos sobre la necesidad que tiene España de estar en la sociedad de la información. España lo necesita, pero no bastan los sermones. Si la Administración está tan convencida de ello, tendría que ser la primera en dar ejemplo y conducir al ciudadano a la senda digital por la vía de demostrarle que ello le facilita la vida.

El aluvión de decretos y normativas con que este Gobierno pretende regir el universo digital topa con una realidad que en gran medida sigue siendo analógica. España es más digital en los decretos que en la realidad, y ello puede causar frustración. Tenemos por decreto radio y, en pocos días, televisión digital terrestre que ni se ve ni se escucha. Tenemos por ley telefonía UMTS, pero ni tan siquiera hay terminales en el mercado y las operadoras han cumplido el calendario legal con 'pruebas técnicas'. Tenemos planes para dotar a las escuelas de ordenadores, pero apenas incentivos para los profesores que deben proponer su uso. El resultado es que existen planes de 'Internet para todos' que son un desbarajuste.