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El Gobierno logra que la Iglesia descarte una pastoral crítica con la Ley de Extranjería

Responsables del Ejecutivo mantuvieron ayer otro contacto con la Conferencia Episcopal

El Gobierno se vio forzado ayer a mantener otro contacto de urgencia con sus interlocutores en la cúpula de la Conferencia Episcopal Española para discutir sobre una posible nueva pastoral de la Iglesia católica crítica con actuaciones polémicas del Ejecutivo. En este caso, con el anuncio de que se va a reformar, para endurecerla, la Ley de Extranjería aprobada sólo hace un año. El Ejecutivo logró tranquilizarse tras obtener de la Iglesia la seguridad de que no habrá tal pastoral. Poco después de este contacto, la Conferencia Episcopal se pronunció oficialmente en este sentido.

El viernes pasado, tras una tensa semana de reacciones entre los máximos dirigentes políticos a la pastoral de los obispos vascos contra la ley de Partidos Políticos que persigue la ilegalización de Batasuna, el presidente del Gobierno, José María Aznar, mantuvo una charla 'constructiva' con el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española. La conversación, según fuentes de La Moncloa, transcurrió por 'buenos cauces' y sin comprometer o poner en cuestión las avanzadas negociaciones entre ambas partes para solventar antiguas discrepancias sobre el modelo de financiación de este credo o su sistema de enseñanza en la escuela pública.

El Gobierno explicó el viernes, por distintos cauces, que quería rebajar, y si era posible 'zanjar', ese clima de enfrentamiento. El portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, compareció entonces para subrayar en esa línea que se hacía imprescindible compaginar 'la firmeza' del Gobierno en la legitimidad de sus proyectos (contra Batasuna y para endurecer la Ley de Extranjería) con la 'flexibilidad y el diálogo' en sus relaciones, en este caso con la Iglesia.

Ésa es la doctrina oficial que defiende La Moncloa en estos momentos, incluso tras conocerse el sábado que la coordinadora de Inmigración y Refugio -uno de los seis grupos de trabajo de la Comisión Episcopal de Emigración-, Pilar Samanes, criticaba el endurecimiento de la política de inmigración que puede suponer esa reforma legal y anunciaba una posible pastoral sobre esta cuestión dirigida al Gobierno y a la sociedad.

Responsables del Ejecutivo se pusieron en contacto en la mañana de ayer, alarmados, con sus interlocutores en la cúpula de la Iglesia para discutir sobre esa sorprendente declaración de intenciones de Pilar Samanes, que contradecía de hecho el sosiego que Aznar y Rouco creyeron haber recuperado en su conversación del viernes.

El Gobierno obtuvo de ese nuevo contacto la seguridad de que la Conferencia Episcopal no tenía a punto otra pastoral crítica con sus actuaciones, en este supuesto por su política de inmigración, un tema que depende del obispo de Coria-Cáceres, Ciriaco Benavente.

Fuentes gubernamentales se limitaron a asegurar que el Ejecutivo había recabado en este nuevo diálogo la seguridad de que la Conferencia Episcopal desmentiría por la tarde estar preparando una pastoral en ese sentido. Pocas horas después, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal hacía público un comunicado de tres puntos para ratificar, en línea con lo pactado con el Gobierno, que no ha emitido 'ninguna opinión sobre el tema mencionado' y que 'el cauce ordinario' para expresar sus ideas es sólo la Secretaría General y su Oficina de Información. La dirección de la Iglesia católica en España precisa, además, que la reforma de la Ley de Extranjería 'no ha sido estudiada en los últimos meses por ningún órgano de la Conferencia Espiscopal Española' y también que 'no es cierto' que se 'esté preparando un documento' sobre esa cuestión.

El desmentido fue tan categórico como el Gobierno requería para que las aguas regresasen a su cauce, aunque deja muchas incógnitas en el aire. El propio ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, admitía ayer como 'indudable', en una entrevista en Abc, que tras todos estos pronunciamientos las relaciones con la Iglesia no podrán 'estar en igual situación que antes'.

La oposición, lógicamente, aprovechó el desconcierto creado por esta posible nueva pastoral para cargar contra las actitudes y formas de trabajar del Gabinete que preside Aznar. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó así que hasta la Conferencia Episcopal defiende en materias como la inmigración posiciones 'más sensatas' que las del Ejecutivo. Y remachó: 'Hoy ya no hay nada más a la derecha en este país que el Gobierno y el señor Aznar'. Zapatero criticó especialmente al ministro del Interior, Mariano Rajoy, por sus continuos fracasos en política de inmigración.

En el Gobierno y el PP no fueron capaces de reaccionar con presteza a otro frente abierto con la Iglesia al leer la entrevista en EL PAÍS con el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, quien se mostró comprensivo con 'las razones fundadas' de los sindicatos convocantes de la huelga general del 20 de junio. Expresión -'razones fundadas'- que fue la que usó precisamente Aznar, el sábado en Toledo, para cuestionar a los que apoyan el paro.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Tarno, se atribuyó ante ese respaldo el mismo 'asombro' que la mayoría de los ciudadanos por el hecho de que Amigo valorase más los argumentos sindicales que los del Gobierno. Rodríguez Zapatero, sin embargo, se agarró a ese apoyo de Amigo para señalarlo como 'la mejor prueba' de que Aznar se equivoca con la 'radicalización' de sus reformas y con un estilo 'autoritario y antisocial' que le deja cada día más solo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de junio de 2002