Los obispos preparan otra pastoral contra la política de inmigración

Después de la declaración de los obispos vascos, ¿otra pastoral que contradiga la política de este Gobierno? La responsable de Inmigración en la Conferencia Episcopal Española, Pilar Samanes, anunció ayer a la agencia Europa Press que la Iglesia Católica transmitirá al Gobierno y a la sociedad española, a través de una carta pastoral, su preocupación por el 'recorte de derechos' que supone la anunciada modificación de la Ley de Extranjería.

Los obispos, en pleno o por separado, sobre todo el cardenal Antonio María Rouco, ya criticaron con severidad hace un año la política de inmigración de José María Aznar, calificándola incluso de 'inmoral', de forma que un nuevo endurecimiento de esa normativa, anunciado ya por el Ejecutivo, no va a merecer una opinión distinta de los prelados. 'La talla ética y moral de una sociedad que quiera ser justa y solidaria la da la forma en que se protegen, de hecho y de derecho, todas las libertades fundamentales', decía la pastoral de Rouco de abril de 2002 antes de reclamar a sus parroquias 'una acogida generosa de los inmigrantes, sea cual sea su raza, cultura y religión o su situación administrativo-legal'. 'Cada uno es muy libre de decir lo que estime conveniente', le replicó con desdén el vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior, Mariano Rajoy.

'Recortando derechos'

La Comisión Episcopal de Migraciones, responsable de proponer un borrador de pastoral, está presidida por Ciriaco Benavente, obispo de Coria-Cáceres, cuenta entre sus vocales con Carmelo Echenagusía Uribe, prelado auxiliar de Bilbao, y tiene un secretariado dividido en seis apartados de estudio, del que la inmigración, con su sección de refugio, ocupa ahora un lugar preferente en las preocupaciones episcopales.

Pilar Samanes explicó ayer que la propuesta del Gobierno de modificar la legislación sobre inmigración responde a una corriente en la política europea de restringir la normativa sobre este asunto, 'recortando los derechos desde un punto de vista más de control que de integración'. A su juicio, los aspectos en los que se produce mayor erosión de los derechos humanos, como se desprende de los comentarios del vicepresidente Mariano Rajoy, 'es el arraigo y la reagrupación familiar'. Restringir estos derechos, como quieren los gobiernos europeos, es 'muy grave' porque provocará 'la desvinculación total del inmigrante de su familia, con lo que esto conlleva de desintegración en la nueva sociedad de acogida', añadió Samanes.

Pero la disputa en torno a la inmigración no hará saltar los nervios del Gobierno de Aznar, al menos no tanto como la actitud de los obispos ante sus ideas antiterroristas y antinacionalistas. No hay que olvidar que, en estos dos últimos años de desencuentro, nunca la temperatura antieclesiástica subió tanto como cuando la Conferencia Episcopal se negó públicamente a firmar el pacto antiterrorista propuesto por el Gobierno, el PP y el PSOE. Ya entonces se vio que Aznar, líder de un partido democristiano y él mismo practicante católico, estaba dispuesto a tolerar pacientemente las críticas de la Iglesia Católica en todo menos en los ataques o recelos que surgiesen a sus propuestas para terminar con ETA y con todos sus apoyos, directos o indirectos.

Los obispos, en su mayoría, no están dispuestos a amilanarse ni siquiera en este asunto, por mucho que va creciendo el número de los que consideran la pastoral de los cuatro prelados vascos inoportuna e innecesaria. Otros, precisamente los que han impuesto hasta ahora su criterio incluso en el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, se reafirman en que la pastoral es un documento serio, que contiene una condena radical y profunda del terrorismo de ETA y una defensa también profunda de sus víctimas, y que muchas de las críticas que ha cosechado, incluida la de Aznar desde Helsinki (Finlandia) tachando la actitud episcopal de 'perversión intelectual y moral', tuvieron que producirse sin haber leído toda la pastoral. 'Sólo así se entiende que puedan decirse cosas así. Eso, o que ya haya empezado la campaña electoral', ironizó un prelado catalán.

Lo cierto es que, salvo en esta materia vidriosa, sobre la que el cardenal Rouco no tiene control -los obispos son pontífices soberanos en sus diócesis, no delegados de gobierno de la CEE, ni siquiera de Roma-, el presidente Aznar y el arzobispo de Madrid han pactado normalizar sus relaciones cuanto antes y, sobre todo, mantener en pie las negociaciones que el Gobierno y los obispos tienen en marcha desde hace un año para resolver definitivamente, en favor de la Iglesia, los desacuerdos sobre la enseñanza de catolicismo en la escuela pública y su asignatura alternativa, y también para mejorar el sistema de financiación de la Iglesia Católica mediante la asignación directa de los fieles a través de su declaración de la renta anual.

Hasta ahora, Hacienda complementaba con más de 6.000 millones de pesetas al año (36,6 millones de euros) lo que los católicos asignan a su religión mediante el IRPF, y Rouco reclama una fórmula más beneficiosa. Ya se da por seguro que el Gobierno va a hacerle caso subiendo hasta el 0,7% la cuota de cada declaración de la renta que va a la Iglesia, fijada por el Gobierno socialista en el 0,5239%.

La Conferencia Episcopal recibió por este concepto el año pasado 22.180 millones de pesetas (133,30 millones de euros), pero a esa cantidad hay que añadir otros 590.000 millones de pesetas (3.546 millones de euros) aportados por las diferentes administraciones del Estado en subvenciones para Educación concertada, profesores de religión, capellanías, sostenimiento de patrimonio religioso y otros muchos capítulos, además del paraíso fiscal en que se desarrolla la práctica totalidad de las actividades económicas eclesiásticas.