Una victoria pírrica

Cuenta la historia que cuando los romanos se enfrentaron, en el año 275 antes de Jesucristo, a la ciudad de Tarento, sus habitantes pidieron ayuda guerrera a Pirro, rey de Épiro. En las llanuras de Heracles se entabló la batalla, cuya victoria fue para Pirro, gracias al uso que hizo de los elefantes; sin embargo, le costó una parte importante de su ejército, por lo que el rey afirmó 'otra victoria como ésta y volveré solo al Épiro'. De ahí la expresión de 'victoria pírrica'. Si efectuamos un cambio de personajes, la narración puede tener una lectura actual en el contexto de la educación superior española: el Ministerio de Educación en lugar de Pirro, la Comunidad universitaria por los romanos y la Ley Orgánica de Universidades por la llanura de Heracles. Salvo la demostración de poder, fundada en la mayoría parlamentaria absoluta que sustenta al Gobierno, no es perceptible con nitidez qué beneficios han obtenido los responsables ministeriales en contrapartida al enorme desgaste sufrido.

El Gobierno ha de ser consciente de que no puede persistir en contra de la voluntad de la Universidad

El texto legal aprobado no ha representado cambio alguno del rumbo educativo, más allá de ciertos matices que lo impregnan de liberalismo económico; se caracteriza sobre todo por sus carencias, porque no tiene elementos innovadores sustanciales que contribuyan a un mayor dinamismo en las actividades universitarias.

Tras la batalla, es preciso que se recupere la convivencia. ¿Ahora qué? Queda el pacto de las fuerzas políticas sobre la cuestión universitaria para mejor ocasión, a modo de asignatura pendiente que la política española algún día deberá aprobar. Pero los problemas del día antes de la LOU siguen esperando respuestas satisfactorias el día después, por lo que hay que buscar un cierto posibilismo para salir del impasse.

El Gobierno ha de ser consciente de que no puede persistir en contra de la voluntad mayoritaria de las universidades, ni debe caer en el error infantil de creer que un cambio en el sistema electoral de los rectores genera la llegada de otro colectivo de dirigentes más afines a su ideología, como se ha comprobado en los meses transcurridos. Tampoco las universidades (ni las organizaciones que las agrupan) pueden optar de forma irreflexiva por la insumisión o por mantenerse al margen de la legalidad (aunque haya existido alguna opinión vehemente en ese sentido, fruto de las tensas circunstancias padecidas). Ambos errores son graves, y lastrarían el protagonismo social de las universidades en una época donde el progreso tecnológico y los crecientes fundamentalismos económicos o culturales obligan a que los académicos participen activamente en los debates sociales. Será bueno que otro Gobierno corrija el rumbo en el futuro, pero no puede condenarse a profesores y estudiantes a que resistan sin más; eso no es esperanza, sino irresponsabilidad.

En el articulado de la ley hay varias cuestiones abiertas que el Gobierno tendría que aprovechar para la asunción de un nuevo talante dialogante, menos dogmático, y para que colectivos universitarios de valía, aunque no sean de su cuerda política, participen en su resolución. Se podrían agrupar algunos de los temas pendientes -que darían una medida de la posible voluntad gubernamental de integración de sensibilidades dife-rentes- en los cuatro bloques siguientes:

- Implantación de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación: será crucial para calibrar la sensibilidad del Gobierno con las actuaciones de las comunidades autónomas. El encaje de la Agencia Nacional con las agencias de calidad autonómicas no está resuelto. Se requiere un ejercicio de sabiduría prudente para encontrar el equilibrio certero entre la eficiencia del sistema universitario en España y el respeto a las competencias autonómicas.

- Modificación del procedimiento de selección del profesorado: su efectividad está ligada a la superación de la estructura vigente de las áreas de conocimiento. Si se mantiene un catálogo reducido a un simple listado -aunque se actualice- de campos científicos, sin ningún tipo de gradación o establecimiento de afinidades, la pregonada movilidad será un combate de la denostada endogamia más retórico que real. El Gobierno debería pensar en un nuevo sistema de contratos pedagógicos entre la administración universitaria y los departamentos o sus profesores que superase la lejana y burocrática relación existente.

- Mejora de los planes de estudio: padecen la auténtica endogamia académica que necesita ser revisada con la incorporación de la enseñanza virtual y la inclusión de la educación no reglada en la oferta formativa de las universidades. En el nuevo marco legislativo sólo se hallan vagas declaraciones de intenciones al respecto, sin concreción alguna. La atención a los alumnos en las universidades públicas debe favorecerse con incentivos docentes.

- Corrección de los déficit de financiación de las universidades públicas: si bien la financiación directa de las instituciones universitarias corresponde a las comunidades autónomas, sería una falacia tomarla como excusa para que el Gobierno central se inhibiese. En particular, se tendrían que crear unos fondos estatales para la innovación docente, otros para la cooperación y otros para la creación de redes de universidades. Es fundamental que se diseñen cauces para la participación de la Universidad en la atención de las demandas emergentes de la nueva sociedad y las estrategias de cohesión social que necesita el ejercicio pleno de la convivencia democrática.

Francisco Michavila es catedrático y director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.