Las fronteras de la mutilación

El Código Penal español, no hace mención expresa de la ablación, pero su práctica se entiende como un delito de lesiones (artículo 149) y se castiga con penas que pueden llegar a 12 años de cárcel. Pero la mutilación la consuman mayoritariamente los inmigrantes en sus países de origen y eluden el peso de la justicia española.

Ese obstáculo trasladó la polémica al Congreso en junio del año pasado, cuando se cerró un acuerdo de todos los grupos políticos para luchar contra esta práctica. El PSOE propuso en el Senado que el artículo 149 recogiera expresamente el delito de mutilación genital femenina y que fuera perseguible dentro y fuera de nuestras fronteras. Después se pasó al Congreso, donde una comisión trabaja en ello. Los grupos políticos pidieron al Gobierno que impidiera y persiguiera esta tortura y se propusieron también medidas preventivas y campañas de información que hicieran saber a los inmigrantes que cometían un delito. Se instaba asimismo a reforzar la protección de las mujeres que huyeran de esta terrible imposición.

El Grupo Popular solicitó al Ejecutivo que interesara al Fiscal General del Estado para que dictara las instrucciones necesarias para perseguir esta conducta.

En paralelo, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, encargó a una comisión de expertos juristas estudiar una posible modificación del Código Penal. Esos trabajos, aseguran en el ministerio, han concluido.

Pero ahí está el caso de las cuatro hermanas de Sant Feliú de Guíxols, algo que podría haberse evitado en Francia. En este país se dictó sentencia condenatoria contra dos matrimonios de inmigrantes originales de Mali por la mutilación de sus hijas. Fueron penados a tres y dos años de cárcel aun sin la certeza sobre dónde se había practicado la ablación, si en Francia o en el país de los condenados, que se negaron a comprender una sentencia así apelando a la tradición.

El 19 de junio del año pasado el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, anunció que se perseguirían todos los casos de ablación aunque se hubieran practicado en el extranjero, por entender que los efectos jurídicos de esta práctica comienzan a gestarse en España, aunque los padres trasladen a las niñas a sus países para consumar el delito.

Hasta hoy.