Megaministerio de seguridad

A George Bush no se le puede acusar de carecer de instinto político. Precisamente el mismo día en que el Congreso iniciaba sus sesiones públicas -con un tercer grado al director del FBI- para depurar responsabilidades de los servicios de seguridad e inteligencia por su calamitosa actuación previa al 11 de septiembre, el presidente anunciaba por televisión al país un proyecto de megaministerio de seguridad interior que agrupará todas las competencias ahora dispersas en una docena de departamentos y plasmará lo que el líder estadounidense ha calificado de 'lucha titánica contra el terrorismo'.

El nuevo departamento, expresión de la ilimitada voluntad de Bush para movilizar a su país y al mundo en torno al que se ha convertido en tema prácticamente único de su presidencia, agrupará a 170.000 personas, dispondrá de un presupuesto de 37.000 millones de dólares, controlará las fronteras y deberá hacer frente a situaciones de emergencia nacional o exigencias de defensa civil contra armas de destrucción masiva. El presidente, celoso guardián del dinero público, advierte de que no prevé fondos especiales, porque se utilizarán los recursos de un centenar de organismos diferentes con competencias parciales sobre la tarta de la seguridad interna.

La creación de un ministerio requiere en EE UU la aprobación del Congreso, lo que garantiza controversia en los meses venideros. No tanto por la predisposición del legislativo -había sido el propio Parlamento el que había solicitado una decisión en este sentido, y Bush el que se había opuesto- cuanto por los recovecos e intereses inherentes al cambio. Tras los acontecimientos del 11-S, el presidente se limitó a nombrar a Tom Ridge como coordinador de seguridad interior, con amplias atribuciones teóricas, pero sin presencia en el Gabinete ni personal ni presupuesto propios. Ridge, debido a su falta de autoridad sobre palancas clave del Gobierno federal, ha ido perdiendo una batalla tras otra. Pero eso ocurrió antes de que el escándalo sobre la ineptitud del FBI y la CIA, cuyos detalles siguen salpicando a la Casa Blanca, amenazara con dinamitar la presidencia de Bush a los ojos de sus conciudadanos.

El anuncio de Bush, vendido a la opinión pública como la mayor reorganización del Gobierno en más de medio siglo, ha sido bien recibido. Cosa diferente es cómo se desenvuelva la decisión del jefe del Estado en su tránsito parlamentario a medida que se entre en detalles. Porque a pesar de tener el presidente un buen pretexto para poner patas arriba el aparato de seguridad de la única superpotencia del planeta, no resultará fácil tarea la de unificar un ajedrez de competencias dispersas, desde aduanas hasta policía de fronteras, pasando por el servicio de inmigración, los guardacostas y los míticos FBI y CIA, que mantendrán en el nuevo proyecto su identidad y características. Ni tampoco vencer las resistencias del proceloso Congreso estadounidense, donde los asuntos relacionados con la seguridad nacional y el terrorismo se reparten entre cerca de 90 comités y subcomités.

Bush ha tomado la iniciativa para defenderse de las acusaciones de pasividad previa a la hecatombe de septiembre. Está por verse si su megaministerio es la respuesta más funcional a las necesidades de su país o se trata básicamente de un escaparate para consumo electoral interno. En cualquier caso, el gran proyecto antiterrorista tiene, además de obvias implicaciones administrativas, otras que afectan directamente a los derechos y libertades de los ciudadanos, no sólo estadounidenses, sino también de quienes viajan a EE UU o están instalados allí. El Congreso tiene en los meses venideros la responsabilidad de velar por la eficacia de lo primero y especialmente por las garantías de los segundos.