El Congreso acoge con frialdad el nuevo 'superministerio'

Nadie en el Capitolio rechaza la propuesta pero nadie muestra tampoco demasiado fervor. George W. Bush empezó ayer a trabajar en la parte más ingrata de su empleo: convencer a congresistas y senadores de que la creación de un superministerio de seguridad es la solución a los problemas de los servicios de inteligencia de EE UU. Hace sólo unos meses, Bush se mostraba contrario a elevar a rango de departamento su Oficina de Seguridad Nacional, algo que proponían la mayoría de los demócratas y un buen número de republicanos. Ahora que la oferta está sobre la mesa, unos y otros sólo encuentran pegas.

Bush logró al menos su objetivo prioritario: robar tiempo en los informativos y espacio en los periódicos a las comparecencias del FBI ante el comité que investiga las pistas del 11 de septiembre. Para tratar de demostrar que él mismo cree en su idea, Bush comenzó ayer el día reuniéndose con un grupo influyente de congresistas y republicanos de ambos partidos. Pero tras el encuentro, sus palabras fueron algo sombrías: 'No nos engañemos: va a haber posturas opuestas y actitudes burocráticas. Va a haber mucho debate sobre por qué no deberíamos hacer esto'.

Atribuciones confusas

Algunos políticos ya han aportado razones en contra de la creación de ese nuevo departamento con proporciones de gigante pero atribuciones aún confusas. 'Yo todavía no lo veo', dijo ayer el senador republicano Jeff Sessions con un argumento concreto: cree que un departamento de nueva creación no podrá situarse jerárquicamente por encima de agencias asentadas en departamentos de peso como el de Justicia, Defensa o del Tesoro. 'Yo trabajé con esas agencias cuando era fiscal del Estado, y se comportan como si fueran países extranjeros', dijo Sessions.

Ése es el mayor reto en la propuesta de Bush: que varios departamentos acepten la cesión de más de 100 entidades federales bajo el mando del futuro -hipotético- Departamento de Seguridad Interior. No habría problema con las agencias creadas en los últimos meses -como la Oficina de Seguridad en el Transporte-, pero sería complicado con otras mayores, como el Servicio de Inmigración.

A esto se suma el problema presupuestario, siempre conflictivo en el Capitolio. Para evitar al menos esa crítica, Bush insiste en que los 38.000 millones que costaría anualmente el nuevo departamento se sufragarían con reducciones en los otros que perderán atribuciones, de igual manera que los 170.000 empleados serían robados a otros organismos del Gobierno.

En todo caso, nadie anticipa suficiente consenso como para llegar a un acuerdo político antes de fin de año.