La Fundación Oteiza aduce los antecedentes de Catalán para apartarle del patronato

El abogado del sector oficial del patronato de la Fundación-Museo Jorge Oteiza señaló ayer ante la juez titular del Juzgado de Aóiz que el albacea artístico del escultor de Orio, Carlos Catalán, no puede ser vocal del órgano que gestiona la donación del escultor al pueblo navarro debido a sus 'antecedentes penales por la comisión de diversos tipos de delito'. La grave crisis interna que atraviesa la Fundación-Museo Oteiza llegó ayer a los tribunales y amenaza con agravarse con estas alegaciones. En el juzgado de Aóiz se celebró la vista preliminar de la demanda judicial interpuesta por los cuatro vocales críticos del patronato.

La demanda de los cuatro vocales críticos se dirige contra el presidente del patronato, Juan Huarte, Marisa Sáenz, hija del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, y los dos vocales que representan al Gobierno navarro, Juan Ramón Corpas, director general de Cultura, y el consejero Jesús Laguna. Consideran que el 31 de enero el sector oficial adoptó acuerdos trascendentales para el futuro de la fundación que son nulos de pleno derecho, al haber impedido el acceso a la reunión a Catalán, representante artístico de Oteiza y a quien el escultor nombró vocal del patronato con el objetivo, según los críticos, de velar porque no se rebajaran los objetivos fundacionales de la donación. Ni Catalán ni los demandantes acudieron a la vista. Sí lo hicieron Huarte y Corpas, que se sentaron en el banquillo de los demandados.

La juez dejó claro que se trataba de una vista preliminar para dirimir si los acuerdos impugnados (nombramiento de Alberto Rosales como director del museo y convenio con la UPNA para la creación de una Cátedra Oteiza) deben o no ser suspendidos cautelarmente. No obstante, el abogado Victoriano Lacarra, representante de los demandados, esgrimió una fotocopia del registro de penados en el que se contenían, según señaló en la vista, condenas judiciales contra Catalán 'por la comisión de varios tipos de delito'.

El letrado recordó que los estatutos de la Fundación inhabilitan para ser patrono a los condenados por cualquier delito y pidió a la juez que admitiera el documento como prueba. La juez no lo aceptó, al estimar que no es el momento procesal oportuno. El letrado de los críticos, Juan José Gazpio, expresó su airada protesta calificando los documentos de 'panfletos inadmisibles'. Gazpio acusó a su colega de haber obtenido el documento de manera 'ilegal', dado que según el vigente Código Penal sólo un juez puede manejar tal información, y anunció medidas judiciales.

Catalán señaló a este periódico que dichos antecedentes corresponden a los periodos 1970-73 y 1979-85, años en los que estuvo preso por su vinculación a grupos armados, 'a raíz de un compromiso político' que asume 'plenamente, consecuencia de un proceso histórico concreto'. Agregó que está 'completamente limpio' de antecedentes 'puesto que la amnistía de 1976, primero, y el proceso de reinserción pactado entre Gobierno vasco y Defensor del Pueblo, después, anularon cualquier antecedente'. Catalán añadió: 'Muy pocos argumentos jurídicos deben tener cuando recurren a semejante cuestión'.