La Audiencia de Palma pide citar a Matas por supuesto espionaje al PSOE

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tiene dos causas pendientes en el Tribunal Supremo, que deberá resolver si le cita como imputado. Al caso de la supuesta captación de votos con fondos públicos a favor del Partido Popular en las elecciones autonómicas de 1999 celebradas en Formentera, se une el supuesto espionaje electrónico a un diputado socialista, un caso que había sido archivado en febrero y que ahora ha reabierto la Audiencia de Palma de Mallorca. La Sección Segunda de la Audiencia pide al Tribunal Supremo que tome declaración al que fue hasta 1999 presidente balear.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha decidido elevar las actuaciones por el supuesto espionaje electrónico del Gobierno balear a un diputado socialista en 1998, cuando el presidente autonómico era Jaume Matas, hoy ministro de Medio Ambiente. La causa, conocida como caso Bitel y consistente en el desvío del correo electrónico del dirigente socialista hacia el ordenador de los secretarios personales de Matas, había sido archivada el pasado febrero por el juez instructor. La Audiencia ha decidido ahora que se siga investigando tras un recurso del denunciante, el socialista Francisco Quetglas, actual consejero del Gobierno balear.

Los hechos se remontan a 1998, cuando el PP gobernaba en Baleares. En un debate sobre el estado de la comunidad, el 14 de octubre de 1998, Matas esgrimió un escrito mientras decía: 'Ha llegado a nuestras manos un documento interno...'. El documento de trabajo correspondía a Quetglas y había sido elaborado por una consultoría de Barcelona que se lo había remitido el 18 de septiembre, en exclusiva, a través de su correo electrónico en el Consell Insular de Mallorca. El correo de Quetglas estaba 'redireccionado' a otro ordenador de un colaborador de Matas. La empresa Bitel era la encargada del servicio y estaba participada en un 48% por la Administración balear, que dirigía Matas. La Audiencia señala: 'Se trata a nuestro entender de unos indicios que, partiendo de que hubiera un error inicial en el redireccionamiento del correo electrónico, dan razonablemente en pensar que, una vez se fueron recibiendo los documentos en la cuenta del Señor Vallori [colaborador directo de Matas], se produjo el apoderamiento o aprovechamiento de esos documentos' por parte del Gobierno balear para el debate político. 'Con todos estos datos', continúa la resolución judicial, 'no alcanzamos a ver las últimas razones por las que el Juzgado de Instrucción haya desechado cualquier interés por conocer, a los estrictos efectos de la investigación, las explicaciones del entonces presidente balear (...) Estimamos conveniente que le sea recibida declaración, en tanto que los interrogantes que se suscitan sólo pueden ser contestados por el entonces presidente'.

La Audiencia recuerda que a la calidad de imputado 'no debe asociársele en principio connotación peyorativa alguna'.

El asunto del pinchazo del correo electrónico de Quetglas fue descubierto por casualidad en marzo del año 2000, a los nueve meses de que el nuevo Gobierno socialista ocupara el poder, en sustitución de la administración histórica del PP (1983-1999). El desvío irregular en la red, pese al cambio, quedó latente y en el sumario los asistentes personales de Jaume Matas, Francisca Pascual y Sebastián Vallori, dijeron que alertaron a los técnicos del error. La Audiencia dice que ambos deben continuar imputados.

Pascual era la jefa de la secretaría y tenía las claves de los correos de Presidencia y ahora sigue con Matas en Medio Ambiente. Vallori, que es funcionario en el Gobierno balear, filtraba y contestaba todo el correo de Matas, 'absolutamente todo', dice el auto, que evidencia sus manifestaciones incompletas sobre los correos de Quetglas que interfirió.

La junta de fiscales de Baleares, por unanimidad, sustentó en el caso del supuesto espionaje político al PSOE la imputación del ministro Matas, pero el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, bloqueó su decisión y ordenó no recurrir el auto de sobreseimiento del juez instructor.

El fiscal Miguel Ángel Anadón formuló en la vista de los recursos ante la Audiencia de Palma una petición formal de archivo, por orden expresa e imperativo jerárquico, pero por conciencia y criterio particular, se amparó en el Estatuto fiscal, y detalló los fundamentos penales y los indicios para la declaración de Matas ante la Sala Segunda del Supremo, por un principio de igualdad. Este extremo es citado por el tribunal para señalar 'la conveniencia de tomar declaración al ministro de Medio Ambiente'.