Los promotores solicitan una subida del 40% del precio de la vivienda protegida en Valencia

Los promotores de vivienda consideran que los precios de las viviendas de protección oficial establecidos por la Generalitat Valenciana no guardan proporción con el coste del suelo en la ciudad de Valencia y exigen un alza del 40% para garantizar la 'fabricación' de alojamientos en la capital para los beneficiarios de ayudas públicas en la compra de su primera residencia. Benjamín Muñoz, secretario de la Asociación Provincial de Promotores Constructores, llegó a denunciar ayer que 'la ciudad de Valencia está cerrada' por un plan general que debe revisarse para liberar suelo.

La Consejería de Obras Públicas convocó la semana pasada a todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana para anticipar las líneas generales del decreto sobre 'actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo' para el periodo entre 2002 y 2005 que ayer publicó el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El decreto, que adapta al territorio valenciano la normativa estatal, establece unos precios de venta de la vivienda protegida que en el caso de la ciudad de Valencia se fijan en 973 euros por metro útil.

El Gobierno central ya había presentado el marco general de las actuaciones en materia de vivienda y asumió los problemas planteados por los promotores de vivienda en torno al precio del suelo en ciertas capitales. Por esa razón, según Muñoz, introdujo en la normativa la figura del 'municipio singular', una salvedad que permite revisar al alza en determinados términos urbanos los precios establecidos entre un 10 y un 40% de acuerdo con la disponibilidad de suelo.

Corresponde a la Generalitat solicitar la consideración de municipio singular para aquellos núcleos urbanos donde el suelo sea escaso pero, hasta la fecha, no ha ejercido esa potestad. Muñoz explicó que 188 municipios españoles han sido calificados como singulares. En Mallorca, por ejemplo, todos. Y vaticinó que la Generalitat acabará solicitando esa consideración para la ciudad de Valencia ante las resistencias de los constructores a 'fabricar' viviendas para perder dinero.

El secretario de la asociación de promotores cargó las tintas contra el Ayuntamiento de Valencia y una reciente normativa, 'mal copiada de Madrid', que exige destinar la cuarta parte de cada Plan de Actuación Integrada (PAI) que se apruebe en el futuro a viviendas de protección oficial. Según Muñoz, tal norma es 'ilegal', porque los solares se compran con determinada calificación en el plan general y cada PAI aprobado en el futuro supondrá una modificación encubierta de ese plan general.

Además, según el portavoz de los constructores, tal exigencia 'abre la espita' a prácticas que se habían abandonado hace tiempo destinadas a rentabilizar las inversiones de los promotores de vivienda. Entre las que citó la posibilidad de ofrecer como protegidos los metros cuadrados de la vivienda pero excluir de tal calificación los trasteros o garajes.

Las embestidas contra la política urbanística municipal culminaron con una solicitud expresa para revisar el plan general de la capital, aprobado en 1988, para liberar suelo, abaratar sus costes y contribuir a la construcción de viviendas protegidas a precios razonables.