Cerco al humo

El tabaco mata y su consumo representa un coste social y sanitario especialmente oneroso e injustificable. Este mensaje inspira el plan que prepara el Ministerio de Sanidad contra el consumo de tabaco y que constituye una vuelta de tuerca más en la política de las administraciones de ampliar cada vez más las zonas públicas liberadas de humo, al tiempo que se hace recular a los fumadores hacia zonas específicas donde cultivar su vicio. Es posible que antes de fin de año los espacios sin humo lleguen a empresas, hoteles, restaurantes y centros de esparcimiento y ocio, se restrinja hasta casi desaparecer la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco y se instaure una política de precios específicamente orientada a disuadir de su consumo.

Ninguna crítica de fondo cabe hacer a las políticas públicas tendentes a restringir el consumo del tabaco y a prevenir sus efectos. Su justificación es sólida: garantizar el derecho a la salud publica de la población e impedir que terceras personas no fumadoras sean intoxicadas por quienes asumen el riesgo individual de intoxicarse placenteramente con el humo de su cigarrillo. Hay que huir, en todo caso, de cualquier amago de criminalizar al fumador o de afearle socialmente su conducta. Se trata de impedir, por ley, que el fumador haga fumar a su prójimo.

No es incompatible con el respeto a la libertad del fumador gravar cada vez más económicamente su particular costumbre. Aparte de su posible efecto disuasorio, sobre todo entre los adolescentes y jóvenes no iniciados, una política de precios al alza debe servir para que el fumador contribuya en mayor proporción al coste que su hábito supone para la sanidad pública, cifrado en unos 3.500 millones de euros anuales. En este sentido, es novedosa la propuesta de excluir el tabaco de la cesta de productos del IPC para poder usar más libremante su precio como arma disuasoria frente a su consumo. Esta medida, explicable por el fuerte impacto que el tabaco tiene en el IPC español (4%, frente a una media del 2,6% en la UE), debería disociarse, en lo posible, de la política fiscal sobre el tabaco, cuya ambigüedad ha hecho dudar a veces de si no buscaba potenciar su consumo para recaudar más.

Pero ninguna política prohibicionista basta por sí sola para erradicar un hábito practicado actualmente por el 27,2% de las mujeres españolas y por el 42,1% de los hombres. Si se parte del dato de que el 80% de los fumadores desea dejar el hábito en algún momento, es indispensable que las administraciones pongan a su disposición programas de prevención y de tratamiento efectivos y, a ser posible, gratuitos.