Los europeos podrán contratar fondos de pensiones con entidades extranjeras

Los ministros europeos de Finanzas tienen previsto aprobar mañana en Luxemburgo una directiva que permitirá a las entidades financieras europeas y a las empresas ofrecer planes de pensiones por toda la Unión Europea, independientemente del lugar en el que residan los beneficiarios de los fondos. Este acuerdo representa un paso ante el reto del envejecimiento de la población y contribuye a engrosar un mercado estimado en 2.300 millones de euros. La unificación del mercado, en todo caso, no será real al cien por cien porque se salvaguarda una serie de reglas nacionales.

La directiva representa un pilar fundamental en la integración de los servicios financieros en la UE, que debe concluir antes de 2005. La Comisión Europea ya hizo un primer intento por unificar la normativa que regula en los Estados miembros los planes de jubilación profesional hace una década. Pero las fuertes discrepancias entre los Quince obligaron a Bruselas a retirar dos años después su propuesta, hasta hace 18 meses. Todo indica que esta vez su iniciativa saldrá adelante, gracias al compromiso pactado por la presidencia española entre los ministros de Finanzas de los Quince (Ecofin), que recoge tanto las opiniones de los Estados como las enmiendas del Parlamento Europeo para precisar las competencias nacionales.

Se suprimirán así los principales obstáculos que impiden invertir sin trabas en planes de jubilación por toda la UE. Lo que ahora se intenta es que los organismos de previsión para la jubilación ofrezcan servicios de pensiones en cualquier país comunitario de manera que operen en las mismas condiciones que los bancos, empresas de seguros y empresas de inversión. Se trata de un mercado estimado en 2.300 millones de euros si se toma como referencia el valor de los activos de las entidades que administran en la actualidad estos planes.

La directiva se dirige en concreto hacia las entidades financieras y empresas que administran planes de jubilación profesional, bien en forma de fondos de pensiones, de caja de jubilación o de fondos de inversión. Se calcula que, para una empresa paneuropea, el coste que le supone establecer por separado sistemas de previsión para la jubilación de sus empleados en cada Estado miembro ronda los 40 millones de euros. La directiva reducirá los costes y el papeleo administrativo y se espera que facilite la movilidad laboral gracias a que las multinacionales salvarán un importante obstáculo a la hora de trasladar a sus empleados.

Un paso clave

'El papel de estas entidades es clave en la financiación de la economía europea y en la actividad de los mercados de capitales de la UE', afirman fuentes comunitarias. También en los sistemas nacionales de protección social, más aún ahora, cuando los ciudadanos invierten con mayor frecuencia en el 'ahorro en forma de pensiones'. La normativa debe garantizar que las entidades operan con eficacia y aseguran un alto nivel de protección a los pensionistas.

La libertad de estas entidades para desarrollar en la UE una política de inversión eficaz será 'suficiente', pero no absoluta, ya que se les impone una serie de limitaciones que impedirán que el mercado para estos servicios no sea realmente único, porque primarán algunas normas nacionales. Los trabajadores autónomos podrán acogerse a estos planes siempre que la legislación del país lo permita. Los Estados miembros también podrán imponer ciertas reglas sobre las cantidades que se podrán invertir en el caso de las actividades transfronterizas, y se fija en un 30% el límite de inversión de los activos en certificados de alto riesgo. Tampoco se podrá colocar más del 5% de la cartera en un único título o en su propia compañía. Los intereses seguirán las reglas nacionales.

Francia, por las elecciones legislativas, y Bélgica, en menor medida, son los únicos países que plantean dificultades al arreglo propuesto por la presidencia española. Pero esta oposición, en principio, no debería impedir el acuerdo de los Quince, ya que para que el texto reciba mañana luz verde EN EL ECOFIN ES SUFICIENTE CON UNA MAYORÍA CUALIFICADA DE PAÍSES, A PESAR DE QUE SE BUSCA EL CONSENSO. ITALIA HA DEFENDIDO JUNTO A ESOS DOS PAÍSES UN ENFOQUE MÁS RESTRICTIVO, QUE CHOCA CON LA MAYOR APERTURA QUE PEDÍAN REINO UNIDO Y HOLANDA. 'EL ACUERDO ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO', INDICARON FUENTES DIPLOMÁTICAS ESPAÑOLAS.